Marion Lloyd

¡No puedo respirar!” Estas tres palabras, pronunciadas 20 veces por el afroamericano George Floyd mientras se asfixiaba bajo la rodilla de un agente de policía blanco, desataron las protestas raciales más grandes de Estados Unidos desde los años 60. La muerte de Floyd, en mayo de 2020, desencadenó un movimiento a favor de los derechos raciales en todas las esferas de la vida pública, incluyendo las universidades.

En respuesta a las demandas sociales, las universidades emprendieron nuevas estrategias para atraer a más profesores y estudiantes de minorías raciales y de otros grupos subrepresentados. Si bien la mayoría de las instituciones ya contaban con oficinas DEI (acrónimo en inglés que se refiere a diversidad, equidad e inclusión), el personal asignado a ellas aumentó en 55 por ciento durante los siguientes meses, según NBC noticias. Otro resultado del movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan) fue el lanzamiento del Proyecto 1619, una iniciativa del periódico New York Times, que revisita la historia de Estados Unidos desde la perspectiva de los esclavos africanos y sus descendientes. El proyecto se incorporó en los currículos escolares y universitarios de muchos estados, promoviendo un diálogo nacional sobre el racismo estructural.

No obstante, apenas tres años después, el panorama en Estados Unidos se ve radicalmente distinto. La ultraderecha ha lanzado su propia campaña en contra de la cultura “woke”, término que se utiliza para acciones que promueven los derechos de las minorías (raciales, de género, LGBTQ+, y otras). El término, que significa “desperté”, en inglés, se refiere a la acción de tomar consciencia de los privilegios con que cuentan los miembros de la mayoría dominante. Para los conservadores, sin embargo, esos privilegios son justamente lo que buscan preservar.

El resultado es una guerra cultural nacional, en donde la educación —de las universidades en particular—, se encuentra en el epicentro de la disputa. En poco más de un año, 21 estados con legislaturas controladas por republicanos han introducido 37 propuestas de ley para minimizar el papel de las oficinas DEI en la vida universitaria, según un recuento de The Chronicle of Higher Education. Por ejemplo, una propuesta en Arizona prohibiría a las universidades públicas exigir que sus empleados participen en programas DEI. Mientras tanto, proyectos de ley en Iowa, Texas, Oklahoma, Ohio y Florida cancelarían ciertos gastos a favor de la diversidad. Otras propuestas buscan impedir o limitar declaraciones de candidatos —en la contratación de empleados o en el proceso de selección de estudiantes—, sobre sus creencias en torno a la diversidad, equidad e inclusión.

Actualmente, solo cuatro de estas propuestas se han convertido en ley y otras seis cuentan con aprobación legislativa, mientras que 26 han sido detenidas, rechazadas o vetadas, según el periódico. Sin embargo, las ofensivas contra las DEI son solo la punta del iceberg en la campaña conservadora por revertir los avances en materia de derechos civiles. En juego está el carácter social y político de un país profundamente polarizado.

La ofensiva conservadora en Florida

La voz más visible del movimiento “anti-woke” es Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida y precandidato a la presidencia para las elecciones de 2024. En marzo de 2020, DeSantis firmó la llamada ley “Don´t Say Gay” (no digan gay), que prohíbe cualquier discusión de orientación sexual o de género antes del cuarto grado de primaria; luego amplió su alcance para incluir todos los grados escolares. El siguiente mes, el gobernador promulgó la “Stop Woke Act” (ley para frenar el woke), que limita la forma en que las escuelas y universidades públicas discuten temas polémicos como la desigualdad racial y las identidades diversas. La ley prohíbe la enseñanza del Proyecto 1619 y cualquier otro material sobre la historia racial del país que podría generar “culpas, angustia u otras formas de sufrimiento psicológico”, según The Guardian.

El noviembre de 2022, sin embargo, un juez federal detuvo la aplicación de la ley en las universidades, después de que un grupo de ocho profesores de Florida abrieron una demanda legal en contra de los encargados del sistema estatal de educación superior. Acusaron que la ley promueve “censura motivada racialmente”, con el fin de amordazar “demandas generalizadas para discutir, estudiar y enfrentar desigualdades sistémicas”, según el sitio político The Hill.

En enero de este año, el Departamento de Educación de Florida emitió nuevas reglas vetando libros que incluyen contenido sobre racismo o identidades LGBTQ+. La medida mandata que todos los libros que hayan sido identificados por un “especialista escolar de medios” —es decir, un censor— deberían removerse o esconderse dentro de las aulas. Profesores o bibliotecarios que ignoran las recomendaciones podrían enfrentar cargos criminales.

El mismo mes, DeSantis anunció que prohibiría un nuevo curso avanzado de Estudios Afroamericanos, desarrollado por la empresa College Board, diseñado para estudiantes de bachillerato que quieren obtener créditos universitarios. En respuesta, el College Board removió gran parte del material más polémico, incluyendo cualquier mención del movimiento Black Lives Matter. El gobernador también ha buscado imponer su agenda conservadora en las universidades públicas. En enero, anunció planes para eliminar la garantía de definitividad (tenure, en inglés) para los profesores que promuevan ideologías de izquierda. Su campaña comenzó con el New College, de Florida, una universidad estatal progresista, en donde despidió al rector e instaló un nuevo consejo directivo ultraconservador.

Finalmente, el 15 de mayo, De-Santis firmó una ley prohibiendo que las universidades públicas ofrezcan programas DEI. Asimismo, la legislación provee la creación del Centro Hamilton de Educación Clásica y Cívica para apoyar “la docencia e investigación en ideas, tradiciones y textos que forman los fundamentos de la civilización occidental y estadounidense”. Al anunciar la medida, el gobernador afirmó que el acrónimo DEI en realidad representa “discrimination, exclusion and indoctrination” (discriminación, exclusión y adoctrinamiento), según la revista Forbes.

El contexto nacional

Cabe resaltar que Florida no es un caso aislado. El 27 de mayo, el Congreso de Texas aprobó una ley que prohibiría oficinas y programas que promueven DEI. Se espera que el gobernador republicano, Greg Abbott, firme la legislación en los próximos días, según el New York Times. La propuesta llega a dos años de la puesta en marcha de una ley que restringe la enseñanza en escuelas públicas de la Teoría Crítica de la Raza (CRT, por sus siglas en inglés), un marco teórico que busca dar una explicación a las inequidades raciales en Estados Unidos. CRT se ha convertido en uno de los principales blancos de la ultraderecha, a pesar de que no suele enseñarse en los niveles preuniversitarios.

La oleada de legislación surge en un contexto de retrocesos generalizados en materia de derechos civiles, incluyendo la decisión de la Suprema Corte de poner fin a 50 años de protecciones para el aborto. Ahora se espera que la Corte, de mayoría conservadora, emita un juicio en las próximas semanas en contra de las políticas de acción afirmativa con base en la raza. Los jueces ya se han pronunciado en contra de las medidas, que dan preferencia en las universidades a estudiantes de grupos raciales desfavorecidos.

Guerra cultural y elecciones

Es difícil separar los ataques de la ultraderecha del proselitismo electoral. Para precandidatos como DeSantis, establecerse como un guerrero cultural puede mejorar sus posibilidades de ganar la candidatura republicana. Sobre todo, cuando el actual favorito, Donald Trump, enfrenta un juicio federal por esconder, en su mansión de Florida, más de 100 documentos clasificados.

Sin embargo, los demócratas también tienen todo que ganar al posicionarse en la guerra cultural —en este caso, como los defensores de los derechos de las minorías y de las libertades civiles—. En su primer video de campaña, el presidente Joe Biden repudió los esfuerzos de los republicanos por vetar libros en las escuelas. También ha propuesto reducir o eliminar la deuda estudiantil para egresados universitarios, una medida que beneficiaría de forma particular a las minorías raciales.

Son dos visiones de Estados Unidos: una que busca proteger los derechos de todos, y en especial de los menos favorecidos, y otra que quiere conservar el statu quo de desigualdad, en donde algunos inclusive no tienen el derecho de respirar.