Marion Lloyd

La crisis económica en Argentina va de mal en peor, y el sector educativo es de los más golpeados. El 4 de abril, los principales sindicatos de maestros realizaron un paro nacional y miles de profesores y estudiantes universitarios tomaron las calles de Buenos Aires y otras ciudades. Las protestas fueron en contra de las medidas radicales de austeridad del nuevo presidente ultraderechista, Javier Milei, quien ha reducido los sueldos de los maestros y puesto en peligro al sistema de educación pública.

La respuesta del gobierno a las manifestaciones pacíficas, a las que se sumaron miles de pensionados, fue brutal. La policía municipal reprimió con balas de goma y gas pimienta con ácido, dejando varios lesionados y un joven hospitalizado, con la cara quemada, según La Jornada.

Los sindicatos exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), suspendido en enero, el cual aportaba un porcentaje importante de los sueldos. En su mayoría, los gobiernos provinciales no pueden cubrir esos fondos, lo que supone un recorte de facto a los ingresos de los docentes en un 9 por ciento, según reportes de prensa. Los profesores también demandan reiniciar las negociaciones sobre un piso salarial nacional, entre otros reclamos.

Milei, un autodenominado libertario, ha prometido aplicar la motosierra —su símbolo preferido— en contra de la gigantesca deuda pública de 44 mil millones de dólares. Desde que tomó el poder, el 10 de diciembre de 2023, el presidente ha desaparecido la mitad de los ministerios del gobierno y 15 mil puestos públicos —de un total de 50 mil trabajos que ha prometido eliminar—, como parte de su terapia de choque económico. En su primer decreto presidencial, el pasado 12 de diciembre, Milei reestructuró su gabinete para integrar las carteras de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social bajo el nuevo Ministerio de Capital Humano. Además, congeló el presupuesto de educación en el mismo nivel que el año pasado, a pesar de la galopante inflación de más de 225 por ciento anual.

El resultado es una crisis existencial para el sistema de educación pública y, en particular, para las universidades estatales. La situación es tan crítica que estas podrían quedarse sin fondos para la segunda mitad del año, según la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, convocante de la huelga nacional, junto con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Feduba (el gremio de la Universidad de Buenos Aires). Este fue el segundo paro masivo de profesores en dos semanas. El 24 de marzo, 57 universidades públicas nacionales paralizaron sus actividades por el recorte presupuestario y en rechazo a las propuestas del presidente para permitir la inversión privada en las instituciones públicas.

¿La gratuidad en peligro?

Para sus críticos, Milei busca abrir la puerta hacia la privatización de la educación superior en el país. A diferencia de la mayoría de América Latina, en donde el sector público representa apenas 46 por ciento de la matrícula terciaria, en Argentina la cifra rebasa el 78 por ciento, según la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT).

Sin embargo, al gobierno de Milei le urge aumentar la inversión privada y así atender la demanda en educación superior. Argentina es de los pocos países del mundo que garantiza el acceso universal y gratuito a la educación superior para todos los egresados del nivel medio superior, a raíz de un decreto presidencial de 1949. Como resultado, el país tiene la cobertura educativa más alta de la región: una matrícula bruta de 107 por ciento. Chile, que tiene apenas 17 por ciento de la matrícula en instituciones públicas, tiene una cobertura bruta de 96 por ciento, Brasil, 57 por ciento, y México, 46 por ciento, según datos del Banco Mundial (el gobierno mexicano reporta 44 por ciento, una cifra aún más baja).

No obstante, gran parte de los estudiantes argentinos no culmina sus estudios, o termina muy tarde. Solo 21 por ciento de los universitarios egresa después de 4 años, comparado con 32 por ciento en Chile y 33 por ciento en Brasil, según un estudio del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA), de la Universidad de Belgrano (“Reducida graduación universitaria”, 2023). Además, los alumnos tardan en promedio 9 años en terminar sus carreras, debido a que la mayoría trabaja mientras estudia. Tal situación refleja la insuficiente inversión gubernamental, así como los escasos apoyos económicos y de acompañamiento educativo para los estudiantes, muchos de quienes provienen de sectores socioeconómicos desfavorecidos.

Milei, quien insiste en que el modelo argentino de financiamiento es incosteable, introdujo una propuesta de ley en diciembre que permitiría a las universidades cobrar colegiaturas a estudiantes extranjeros que no cuentan con la residencia en el país. A pesar de que los 100 mil estudiantes extranjeros representan apenas 4 por ciento de los más de 3.7 millones de universitarios en Argentina, la propuesta causó fuertes reacciones por parte de países emisores de estudiantes, como Colombia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a Milei de “expulsar” a 20 mil alumnos colombianos y prometió encontrar lugares para ellos en su país, como parte de sus propios esfuerzos por expandir la educación superior gratuita, según el Times Higher Education.

Crisis de la ciencia

Otra área que ha sido fuertemente afectada por los recortes es la investigación científica. El gobierno conservó, para 2024, el mismo presupuesto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), a pesar de la inflación. Milei ya había amenazado con privatizar al Conicet, que es considerado el mejor organismo científico de América Latina, según el ranking SCImago. Pero con el actual presupuesto —que representa el tercio del valor del año pasado, en términos reales—, el organismo podría prácticamente dejar de funcionar, poniendo en peligro los trabajos de más de 20 mil investigadores y becarios.

En marzo, un grupo de 68 premios Nobel envió una carta a Milei advirtiendo que la ciencia argentina “se acerca al precipicio” debido a los recortes a Conicet. “Vemos con preocupación la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el despido de empleados administrativos del Conicet y otros institutos en todo el país, y la terminación anticipada de muchos contratos el próximo mes”, dicen los firmantes, entre los que se encuentran referentes mundiales de medicina, química, física y economía. “Tememos que Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes y futuros líderes de la ciencia”, señalaron.

En entrevista con el periódico El País, el vocero del gobierno, Manuel Adorni, expresó su “sorpresa” por la carta e insistió en que “no se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”. Además, argumentó que “Argentina es un país empobrecido” y por eso Conicet no se puede dar el lujo de “gastar tiempo y recursos en investigaciones de dudosa utilidad, como la que abordaba la orientación sexual de Batman”.

El anterior es un argumento común para justificar los recortes a la ciencia, igual a los utilizados por Jair Bolsonaro, expresidente ultraderechista de Brasil. No obstante, a diferencia de Brasil, que gasta 1.17 por ciento del PIB en investigación en ciencia y tecnología, Argentina apenas invertía 0.52 por ciento en 2021, según las cifras más recientes de RICYT. Por ello, los recortes pueden tener un impacto aún más devastador para la ciencia del país.

¿Fuga de cerebros?

Argentina actualmente cuenta con la tasa más alta de investigadores per cápita de la región, con 4.88 investigadores por cada mil trabajadores, según Ricyt. En comparación, Brasil tiene 3.99; Chile, 1.85, y México, 1.16. No obstante, como ocurrió durante la crisis económica en Argentina a principios de este siglo, se puede anticipar una fuga de cerebros, en los próximos meses y años, con efectos de largo plazo para la educación superior y el sector científico del país, entre otras áreas.

Para Milei, tales preocupaciones parecen secundarias. No sorprendería si recurriera al comentario del ministro de economía durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem. En 1994, en medio de un periodo de fuertes recortes presupuestales, el ministro Domingo Cavallo mandó a una científica del Conicet, que reclamaba mejoras salariales, a “lavar los platos”.

Argentina es el país que más debe al Fondo Monetario Internacional y, desde 2018, ya se veía el impacto de la crisis sobre los sectores educativo y de investigación. No obstante, las políticas de ajuste de Milei pueden resultar un remedio peor que la enfermedad.