Marion Lloyd

En medio de las turbulencias por la financiación, la Universidad de Buenos Aires (UBA) recupera el primer puesto en América Latina”. Así fue el anuncio de la consultora británica Quacquarelli Symonds, al colocar a la UBA en el lugar 71 en el QS World University Rankings 2025. La institución escaló 24 puestos, para ubicarse muy por delante de sus rivales en Brasil, Chile y México.

Más allá de las críticas hacia los rankings universitarios (que son compartidas por esta columnista), la noticia del pasado 4 de junio normalmente hubiera sido motivo de celebración en el país. Pero estos no son tiempos normales: el sistema de financiamiento público que le permitió a la UBA consolidarse como una de las “mejores” universidades del mundo está en grave peligro.

Argentina enfrenta una de sus peores crisis económicas y políticas en décadas. Y las universidades —y la UBA, en particular— están en el epicentro de la resistencia contra el gobierno ultraneoliberal de Javier Milei. El autodeclarado libertario, que tomó poder en diciembre de 2023, ha aplicado la “motosierra” al gasto público, en un intento por frenar la inflación de más de 200 por ciento anual y reducir el astronómico déficit fiscal. En el proceso, Milei ha empujado al precipicio las finanzas universitarias y desatado protestas masivas, encabezadas por los universitarios. En la más reciente, el pasado 1 de noviembre, miles de estudiantes y docentes de las universidades metropolitanas marcharon a la Confederación General de Trabajo para exigirle que se “despierte ante su siesta eterna” y convoque a un paro general contra el gobierno, según reportes de prensa.

Desde enero, los profesores y administrativos universitarios han perdido 60 por ciento del poder adquisitivo de sus sueldos, debido a la inflación, y 85 por ciento actualmente se encuentra por debajo de la línea de pobreza, según Associated Press (AP). La agencia citó a un profesor que labora en dos universidades, con el máximo nivel de antigüedad, y gana apenas mil 200 dólares estadunidenses al mes, mientras que un ayudante de cátedra con doctorado percibe escasos 120 mensuales. Sólo en la Facultad de Agronomía de la UBA, 30 docentes con doctorados han renunciado en lo que va del año por sus bajos ingresos, reportó AP.

A su vez, las universidades han perdido casi 65 por ciento de sus ingresos, ya que operan con el presupuesto de 2023. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia reportó que el gasto por estudiante está en su nivel más bajo desde 2004, sin tomar en cuenta la inflación: mil 900 dólares, lo que representa 30 por ciento menos que en 2023. A su vez, los recortes han paralizado la investigación científica en la UBA —alma mater de los cinco premios Nobel de Argentina—y en otras universidades e institutos.

En septiembre, el Congreso aprobó la Ley de Financiación Universitaria para actualizar los salarios y compensar parcialmente a las universidades. No obstante, el 2 de octubre, Milei vetó la ley, la cual tachó de “populista y demagógica” y un peligro para el equilibrio fiscal. En respuesta, estudiantes y profesores de más de 20 universidades escalaron las protestas en Buenos Aires y otras ciudades. También tomaron las instalaciones universitarias en muchas instituciones, impartiendo clases en las calles y otros espacios públicos. Una tercera marcha federal estudiantil, planeada para el 12 de noviembre, se pospuso indefinidamente entre disputas por la dirección del movimiento estudiantil.

El contexto de la lucha

No es la primera vez que los universitarios se enfrentan al gobierno por el tema del financiamiento. En los años 90 surgieron grandes luchas estudiantiles en torno a la Ley de Educación Superior, que adoptó la recomendación del Banco Mundial de aumentar la oferta privada en el sector. Y en 2018, las políticas de ajuste económico del gobierno de Mauricio Macri, también de corte conservador, desataron fuertes protestas estudiantiles y paros en la mayoría de las 60 universidades nacionales públicas. Sin embargo, la actual crisis es aún más profunda, por la profundidad y alcance de los recortes al sector público.

Macri fue elegido con la promesa de introducir medidas de choque económico para controlar la inflación y reducir el enorme déficit fiscal, equivalente al 3 por ciento del PIB, en 2023 —una de las tasas más altas del mundo—. No obstante, muchos críticos temen que su medicina puede ser peor que la enfermedad. Además de los recortes universitarios, el presidente ha congelado el gasto en pensiones, salud y transporte público, entre otros sectores. En respuesta, el 30 de octubre se llevó a cabo un paro de 24 horas al transporte, afectando a los sectores de trenes, aviones, camiones y barcos.

Sin embargo, los universitarios son los que han liderado la resistencia a Milei —y que han sido blanco de sus peores ataques—. El presidente acusa a las universidades públicas de malversación de fondos, además de ser bastiones de “comunistas”, y a los profesores de “indoctrinar” a los estudiantes con ideas izquierdistas. Según el gobierno, las universidades no han rendido cuentas sobre 89 por ciento de los fondos transferidos entre 2015 y 2022, según la Associated Press. “Si no quieren ser auditados, debe ser porque están sucios”, declaró el mandatario el 12 de octubre.

¿Un modelo en peligro de extinción?

En juego está la preservación del actual modelo de educación superior argentino, gratuito y universal, que destaca a nivel regional y mundial por su alcance y calidad. Un decreto presidencial de 1949 garantiza el acceso a la universidad pública para todos los egresados del nivel medio superior, aunque los estudiantes deben pasar por un primer año propedéutico antes de comenzar con sus estudios profesionales. El sistema es considerado una de las fuentes más importantes de movilidad social. A su vez, numerosas encuestas han mostrado que las universidades son de las pocas instituciones que gozan de credibilidad en el país.

Debido al modelo universal, la tasa por cobertura en educación superior de Argentina es una de las más altas del mundo: 107 por ciento, comparado con el promedio regional de 57 por ciento, según datos del Banco Mundial. A su vez, destaca que 78 por ciento de la matrícula está en instituciones públicas, mientras que el promedio regional es de 46 por ciento, según datos de RICyT.

No obstante, el financiamiento público no se ha mantenido al ritmo de la expansión del sistema, lo que ha contribuido a altísimos niveles de deserción. A su vez, la crisis financiera de los últimos años ha mermado la capacidad científica del país; en 2023, Argentina gastó 0.55 por ciento del PIB en investigación en ciencia y tecnología, contra 0.62 por ciento en 2013, según RICyT, y se espera que el montó baje aún más en 2024.

Campaña de desprestigio

Milei insiste en que no pretende privatizar a las universidades públicas. No obstante, ha tachado de “mito” a la gratuidad; argumenta que es “un subsidio de los pobres hacia los ricos”, ya que, según el presidente, la mayoría de los estudiantes proviene de familias adineradas. En respuesta, el Consejo Interuniversitario Nacional ha presentado cifras de 2024, mostrando que 48.5 por ciento de los estudiantes están por debajo de la línea de pobreza y 70 por ciento son la primera generación en acceder a la universidad.

Milei también ya comenzó este mes con la auditoría de varias universidades públicas, en lo que la UBA denunció como “un intento de intervención” anticonstitucional, según medios nacionales. Argentina fue cuna de las Reformas de Córdoba de 1918, que sentaron las bases del actual modelo de autonomía universitaria en la región.

En parte por eso existe gran preocupación en América Latina por el futuro de la educación superior en el país. La Universidad Nacional Autónoma de México expresó su solidaridad, en un comunicado el pasado 23 de octubre: “Reiteramos nuestro firme apoyo y solidaridad a las hermanas instituciones educativas públicas de Argentina y nos sumamos a la defensa de la autonomía universitaria, la educación superior pública, inclusiva y de calidad, esenciales para el progreso y bienestar de nuestras naciones”.

A su vez, en abril, Milei recibió una carta de 68 premios Nobel, en la que manifestaron su preocupación por los recortes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El mandatario, sin embargo, se muestra desafiante. En junio se candidateó para el premio Nobel en economía por su manejo de la crisis inflacionaria. “Si nos termina de salir bien —dijo, sin ironía, durante una visita a Praga probablemente me lo den”.