Humberto Muñoz García

En el panorama de la educación superior pública en México hay, cada vez más, señales de que el gobierno federal ha dejado el avance institucional en un segundo plano, a pesar del esfuerzo hecho por varios funcionarios y académicos para salir adelante de una serie de problemas, que no se resolvieron ni en el pasado ni en lo que va de este régimen.

¿Qué hacer con las universidades públicas estatales? Estudiar la problemática de cada una, en serio, para entender su unicidad institucional como parte del entorno donde se ubica, y como parte de un subsistema educativo dividido por regiones. Entender cada universidad según sus necesidades y prioridades, según su historia y Plan de Desarrollo. El tratamiento a cada una sería parte del proyecto educativo del régimen.

Consecuente con cada historia, elevar el gasto federal y estatal dedicado a su financiamiento, para que los recursos que requiera y le brinden sirvan efectivamente a su desarrollo y crecimiento. La tendencia a la baja del presupuesto, con relación al PIB desde 2016, deberá ser frenada y los recursos aumentados sistemáticamente, contrario a lo que ha ocurrido hasta ahora.

Con base en su autonomía, y en respeto a la misma, los recursos adicionales entregados por los gobiernos a las universidades, como parte del presupuesto ordinario, podrán dedicarse a satisfacer sus necesidades más importantes para contar con una buena academia, siempre que se hagan declaraciones transparentes de cómo fueron gastados. Los informes financieros serán de acceso libre a la respectiva comunidad universitaria. A las universidades en crisis financiera, aparte, hay que darles un tratamiento particular para que salgan del problema. Esto último es crucial.

Las universidades deberán esforzarse por obtener recursos extraordinarios, que utilizarán como más convenga a la institución. Igualmente, el gasto de los recursos provenientes de esta fuente será supervisado y registrado. Los informes de las auditorías internas y externas deberán rendirse ante los cuerpos colegiados pertinentes, previa revisión del órgano que realice las funciones de patronato.

Hay dos propósitos iniciales. El primero es elevar el gasto por alumno, teniendo en cuenta el aumento de la matrícula, siempre que el aumento vaya acompañado de un mejor desempeño de la base estudiantil y del profesorado. Para el análisis del desempeño, habrá que poner atención a cada una de las entidades que forman la universidad. Bajo la hipótesis de que las mejoras en las condiciones laborales ofrecidas, y un buen clima en las relaciones académicas, influyen sobre la calidad y la cantidad del trabajo realizado. Para el caso de México hay información empírica que apoya esta idea en el medio académico.

Es menester analizar cuál es la fórmula más adecuada para que haya una mayor representación en la matrícula de jóvenes estudiantes que provienen de los estratos con familias de bajos ingresos. Para este fin, se pueden integrar esfuerzos del gobierno estatal, las fundaciones universitarias, apoyos especiales, vía fiscal, etc.

Asimismo, fortalecer el posgrado bajo la noción de que es el espacio donde se conjuga investigación y docencia. Y abrir los espacios docentes para que todo el personal de carrera pueda ofrecer cursos según su objeto de trabajo, lo cual enriquecería los planes de estudio. Elevar el prestigio de la docencia frente a la investigación ayudará a refrescar el clima institucional.

El segundo propósito es aumentar el sueldo del magisterio universitario, tanto de asignatura como de tiempo completo, en los escalones inferiores del tabulador. Hay varias medidas que pueden auxiliar a este respecto, a partir de un cambio en la composición del ingreso de los de tiempo completo, reduciendo el margen de los estímulos y aumentando el monto del sueldo. Cambio que, además, puede generar estímulos para impulsar el trabajo colaborativo entre los académicos, y gestar una nueva ideología que busque eliminar el individualismo y la competencia malsana.

El incremento presupuestal a las universidades públicas puede estar relacionado con un movimiento expansivo de las instituciones dentro de cada entidad federativa. Su efecto interactivo ayuda a distribuir mejor las oportunidades educativas y a elevar la cobertura. Hay que estudiar hasta qué punto, y sí es conveniente, que una dada universidad pública se ramifique, como ya lo han hecho algunas, y las ventajas o desventajas que podrían surgir en cada caso.

Ciertamente, ha crecido la cobertura, pero todavía resulta insuficiente. En el país la tasa está cercana al 40 por ciento, pero las diferencias muestran que en este indicador hay grandes contrastes entre las entidades federativas; los estados menos desarrollados están más perjudicados. Y el efecto Mateo sigue operando. Habrá que redefinir la meta señalada por este gobierno bajo un cálculo real de aumento que pueda ser distribuido racionalmente entre el conjunto del subsistema. Bajar la meta de la cobertura y alcanzarla podría dejar un mejor sabor de boca al final del sexenio.

En fin, estamos en un punto en que sería muy saludable pasar de la crítica de lo no cumplido en educación, salud y seguridad, a la discusión de un proyecto nacional, del modelo de sociedad que queremos construir los mexicanos para las próximas generaciones. Porque se trata de que el cambio social nos ofrezca, en efecto, ir hacia adelante, en lugar de transformarnos para atrás. Las universidades públicas construyen futuro y por eso merecen ser mejor cuidadas de parte del gobierno y la sociedad.