Humberto Muñoz García

Actualmente, es difícil escribir debido a la coyuntura. Todos estamos sujetos a la influencia de un contexto mediático de polarización política, disputas verbales entre autoridades y grupos de interés económico, que controlan medios de comunicación masiva. Además, inundados con noticias de una violencia increíble, sin que se haga algo que parezca eficaz, que permita apreciar que hay justicia y que la lucha contra la desigualdad es factible.

Leo que la violencia no cunde en todo el territorio y, al otro día, el articulista de un diario me da un listado de fosas comunes, encontradas en diversas entidades federativas, en las que se han inhumado a decenas de personas. ¿Entonces? ¿Qué sigue? Continuar reflexionando, para tener la posibilidad de comunicar algo que oriente al lector en el momento.

¿Qué sería deseable? Un cambio cultural para transitar nuevos tiempos. Promover que haya más y mejor educación superior. Entiendo que la educación tiene una importancia mayúscula para la sociedad. Auxilia a crear y a practicar valores, enriquecer la identidad, promover la tolerancia, proveer conocimientos para impulsar el desarrollo y el bienestar, otorgar herramientas para entrar a esta era de la inteligencia artificial y la tecnología digital. También, es importante para el avance democrático, toda vez que sirve para imbuir ciudadanía en los educandos.

La educación formal tiene múltiples efectos positivos en la sociedad. Quienes crecimos en la segunda mitad del Siglo pasado, fuimos convencidos de que la educación pública era uno de los principales legados que nos dejó la Revolución Mexicana. Y que la educación superior era uno de los instrumentos más valiosos para fortalecer al Estado, para que el país entrara a la modernidad, tuviera crecimiento y pudiera romper los lazos de dependencia que lo sujetaban al atraso.

El discurso y las acciones políticas de los gobernantes se guiaron por una perspectiva positiva de la educación. Y la autonomía de las universidades permitió una convivencia razonada entre las casas de estudio y el gobierno; sirvió para que las respetaran desde el poder.

Entrado el Siglo XXI, México se enfrentó a la alternancia política, a salir de una cultura política con hegemonía de un partido, a la construcción de un sistema político democrático, caminar hacia la sociedad del conocimiento, a transitar por la globalización y confrontar las crisis sistémicas, como la del 2008, a protegerse de la pandemia, y del crecimiento del crimen organizado, ligado al sistema exportador de droga hacia su mercado de consumo en el norte y otras latitudes. A la postre, hemos seguido siendo una sociedad “monstruosamente desigual”. Llena de muchísimos problemas graves.

Más que en otros momentos, en este punto de la historia, tener mejores universidades públicas hubiera sido fundamental para sacudirnos muchas cosas negativas de las que arrojó el neoliberalismo.

Contrario a lo que se hubiera esperado, el financiamiento público a la educación superior ha decrecido sustancialmente desde 2015, se favoreció el crecimiento de la matricula, con la respectiva disminución del costo por alumno. La planta docente no aumentó proporcionalmente al crecimiento del número de alumnos. El aumento de la cobertura ha descansado sobre la expansión del profesorado de asignatura, con malos salarios y malas condiciones laborales. Para los de carrera, la perspectiva neoliberal de la educación superior ha significado imbuirse de una ideología malsana de la competencia, individualizar el trabajo, volverse becario sin derechos, con un ingreso diferenciado en dos becas y un salario, con pérdida de reconocimiento de la labor docente, estrés y temor de reducir el nivel de vida; sin representación para la defensa de sus derechos, los académicos se han vuelto vulnerables.

México va a requerir que sus universidades públicas sean reconocidas académicamente, que se apoyen políticamente los cambios que puedan plantearse sus miembros y autoridades, que se hagan esfuerzos para incrementar el presupuesto y mejorar las condiciones laborales de los académicos, que se deje de denostar a quienes conducen las instituciones y a quienes tienen la misión de formar ciudadanos y producir conocimiento.

Requerimos un gobierno nacional, sensible al saber, capaz de nutrirse con el conocimiento científico, que aplique políticas públicas de educación superior que relacionen a las universidades con el proyecto de desarrollo, que respete la autonomía, que apoye a la investigación, comprensible y comprometido con el espíritu y la ética universitaria. Universidades que atiendan los principales problemas nacionales y locales, que difundan resultados e interactúen con la sociedad, que lleven a cabo políticas académicas con participación comunitaria.

Y, para ello, se tendrá que aumentar la fuerza del Estado y sus finanzas, con una política fiscal, firme, (como la sugirió Cordera), que le permita salir adelante con sus programas de educación, salud y equidad, al tiempo de actuar para que se elimine la corrupción, la desigualdad y la violencia.