Imanol Ordorika Sacristán

Hay una forma de rendirse ante el neoliberalismo que no requiere decreto presidencial, recorte presupuestal ni reforma legal. Basta con que quienes dirigen las universidades públicas adopten, por convicción propia, la lógica del mercado como marco para entender la institución que gobiernan. A eso Sheila Slaughter y Larry Leslie, hace 30 años, le pusieron nombre: capitalismo académico. Lo que no anticiparon con suficiente claridad es que la variante más peligrosa no es la que viene de afuera por presión del Estado o del capital, sino la que se instala adentro, en la cabeza de los propios rectores. Esa es la variante mental.

La evidencia más reciente de este fenómeno en México es la presentación con la que el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana pretendió demostrar el “valor social” de la institución que encabeza. Para ello importó una metodología diseñada originalmente para medir el impacto de organizaciones empresariales y la aplicó sin mediación crítica alguna a una universidad pública fundada sobre principios radicalmente distintos a los del mercado. El resultado no es sólo un ejercicio metodológico discutible, es una declaración ideológica. Dice, en el fondo, que la UAM vale lo que produce medible en pesos, y que su existencia se justifica en la medida en que genera un retorno sobre la inversión pública que la financia.

El problema más grave no está en los números, sino en la categoría que organiza todo el análisis: la de stakeholder o grupo de interés. En la teoría corporativa de la que proviene este concepto, los stakeholders son actores externos a la empresa que tienen algún interés en su desempeño –proveedores, clientes, comunidades afectadas–. Cuando el rector de la UAM aplica esta categoría a sus propios estudiantes, académicos y trabajadores, está cometiendo un error que no es técnico, sino político: está convirtiendo a los miembros constitutivos de la institución en partes interesadas externas. Los estudiantes de la UAM no son clientes que perciben valor de un servicio. Los académicos no son proveedores de conocimiento a una organización que los contrata. Son la universidad. Y tratarlos como stakeholders no es una inocente simplificación metodológica, es disolver la comunidad universitaria como sujeto político y remplazarla por un conjunto de grupos con preferencias administrables.

Esta operación tiene consecuencias prácticas inmediatas sobre el gobierno universitario. Una universidad cuyos miembros son redefinidos como stakeholders es una universidad que puede ser gestionada desde arriba, porque la pregunta relevante ya no es qué decide colectivamente la comunidad, sino qué percibe cada grupo que recibe. La autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra –todas estas conquistas históricas de la universidad latinoamericana– descansan sobre la premisa opuesta: que la comunidad universitaria no es un conjunto de usuarios de un servicio, sino el sujeto soberano de la institución. Cuando el rector adopta el lenguaje del capitalismo académico, no sólo cambia la retórica, erosiona los fundamentos conceptuales sobre los que descansa esa soberanía.

Hay que decirlo con claridad: una universidad pública que necesita demostrar su rentabilidad social para justificar su existencia ya perdió el argumento más importante. La formación crítica, la producción de conocimiento libre, la autonomía intelectual y el compromiso con la transformación social no son inversiones que deban rendir cuentas en términos de retorno económico –son los cimientos de cualquier proyecto democrático serio. Cuando un rector mexicano, al frente de una de las universidades públicas más importantes del país, decide que la mejor manera de defender a su institución es calcular cuántos pesos genera por cada peso de subsidio federal, no está defendiendo a la universidad: está entregándola, conceptualmente, al mismo discurso que la ha amenazado durante décadas. El capitalismo académico mental es, quizás, la forma más eficaz de desmantelamiento universitario porque no necesita enemigos externos, se hace desde adentro, con PowerPoint y buenas intenciones.