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Roberto Rodríguez Gómez

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La evaluación al centro del proceso educativo

Rodríguez-Gómez, R. (agosto 22, 2013). La evaluación al centro del proceso educativo. Suplemento Campus Milenio. Núm. 523 2013-08-22

La semana pasada el Ejecutivo Federal entregó al Senado de la República las tres iniciativas de ley que reglamentan las modificaciones constitucionales que, a partir del inicio de este sexenio, apuntan hacia la reforma de la educación obligatoria del país. Se trata de un conjunto de reformas a la Ley General de Educación, la nueva Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Procede que el Congreso revise, discuta y en su caso modifique y apruebe este paquete legislativo, con lo cual el Estado contará con una renovada estructura jurídica para operar los cambios en la gestión y operación del sistema que, se supone, habrán de generar las condiciones indispensables para mejorar la calidad de la educación en México.

No es el último tramo, hay que decirlo. Falta, además de librar la aduana legislativa del Congreso Federal, adecuar las legislaciones educativas de los estados, así como instituir y echar a andar el conjunto de instancias, órganos, procedimientos y figuras previstas en la reforma, todo lo cual no es una tarea sencilla.

Al parecer hoy existen condiciones para hacer transitar las modificaciones y nuevas normas en el ámbito legislativo federal, no hay que olvidar que las vertientes de cambio provienen, al menos formalmente, del Pacto por México. La aprobación legislativa en este nivel podría dar muestra de que el acuerdo entre partidos subsiste en algún espacio, lo que no es trivial en vista de las inevitables pugnas en torno a las reformas energética y fiscal que se avecinan. No sería descartable, sin embargo, que también en este terreno, el educativo, las diferencias entre las fracciones del Congreso se manifestaran en el debate parlamentario.

Es de anticiparse que, en los estados el trámite legislativo presente condiciones de complejidad, en particular en aquellas entidades en que la oposición gremial tiene un mayor peso específico. En escenarios como Oaxaca, Michoacán, Guerrero e incluso Chiapas ¿será factible la reforma a las leyes educativas respectivas para alinearlas a los designios de la reforma? ¿Bajo qué acuerdos entre los gobernadores y las fracciones sindicales? ¿A qué costo? ¿Con qué implicaciones? Son temas para el futuro próximo, pero hoy está a la vista que las posibilidades de movilización y confrontación de agrupaciones como la CNTE no pueden ser desestimadas en ninguna hipótesis.

La nueva plataforma normativa, todavía en el status de iniciativas de la Presidencia, se sustenta, en su conjunto, en una gran premisa: para mejorar la calidad de la educación es necesario mejorar la docencia y, para ello, resulta indispensable evaluar, de modo obligatorio, continuo, con enfoque formativo y con implicaciones positivas (estímulos) y negativas (sanciones) a los profesores.

En el conjunto de normas propuesto se establece una clara división de funciones, al menos clara en el papel. Al INEE le corresponde el diseño de pruebas y otras formas de evaluación, así como un papel rector en materia de evaluación educativa, y en la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación. A las autoridades educativas de los estados competen papeles de la mayor trascendencia: la aplicación y calificación de las pruebas, la administración de los procesos de ingreso, promoción y permanencia basados en la evaluación docente, así como la administración de los recursos humanos que habrán de gestionar el proceso: los evaluadores (que todavía no existen pero deben ser capacitados al efecto) y los aplicadores.

El terreno estatal ha sido y prevalece como el espacio de maniobra sindical más relevante, en el cual el SNTE y en algunos casos la disidencia magisterial establecen negociaciones con los gobernadores. ¿Este tablero de negociación puede ser modificado para asegurar la rectoría de la autoridad educativa local en el plano de la evaluación? Parece difícil. Más aún cuando las normas anticipan la opción de adecuar las evaluaciones a las condiciones locales de contexto, previa adaptación a cargo del INEE.

En la nueva ley del INEE se establece una curiosa figura para facilitar la interlocución de los intereses y prioridades locales: la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Habrán de integrar este órgano, si la ley se aprueba, los miembros de la Junta Directiva del INEE, cuatro representantes de la SEP (al menos dos subsecretarios), así como “los titulares de las secretarías de educación u organismos equivalentes de las entidades federativas que determine la Junta atendiendo a criterios de representación regional” (Art. 19). La función de la Conferencia será el intercambio de experiencias en materia de evaluación. No obstante, si se prevé como el eslabón de la cadena en que se concretará la interlocución con los órganos de evaluación de los estados, el diseño no parece el más adecuado, fundamentalmente por la adjudicación de representaciones “regionales”, jurisdicción inexistente en el pacto federal.

Pero si no es la Conferencia el espacio deliberativo para la toma de decisiones sobre las adecuaciones locales de las evaluaciones ¿podrá soportar el INEE, o incluso la SEP federal, la presión de los arreglos entre el sindicato y los gobernadores? Está por verse, pero este tema el crucial en la operación del esquema previsto.

Está claro en el paquete de normas que al INEE sólo corresponde la evaluación del sistema educativo como tal. Las evaluaciones de individuos o escuelas se mantienen como atribución de la autoridad central y de las autoridades locales, aunque, en este caso, corresponde al instituto autónomo, la función de proveer los instrumentos de evaluación adecuados.

Al colocar a la evaluación en el centro del proceso educativo, el gobierno hace una apuesta difícil de procesar y también difícil de hacer rendir resultados a corto y mediano plazo. Muy poco se dice, nada de fondo, sobre las necesidades de modificar la formación inicial de profesores, los procesos de actualización y los cambios que requiere el currículum de la educación básica y media superior. Y nada sobre la educación superior.




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