Roberto Rodríguez Gómez

La contención del gasto público para las casas de estudio, además de representar un freno a su desarrollo, es un ataque a su autogobierno

En México la autonomía universitaria tiene más de un siglo si se toma en cuenta que en 1919 el congreso de Michoacán instituyó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el carácter de institución pública autónoma. Le seguirían la Universidad de San Luis Potosí en 1923 y la Nacional en 1929. Hoy en día contamos con 42 instituciones de educación superior autónomas por ley, de las cuales 40 son universidades. En el siglo XX, principalmente en los años sesenta y setenta, se crearon o reformaron, con propósitos de autonomía, 38 instituciones. En lo que va de este siglo solo se han agregado seis: la Veracruzana (2000), la Autónoma de la Ciudad de México (2004), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (2011), El Colegio de Morelos (2015), la Universidad Autónoma de Occidente (2018) y la Universidad Autónoma Indígena de México (2019). Están en proceso la Universidad de Quintana Roo y la Autónoma Comunal de Oaxaca.

Este conglomerado contiene, aproximadamente, 1.7 millones de estudiantes de licenciatura y posgrado en modalidad escolarizada. Ello representa el 37 por ciento de la matrícula nacional. En el año 2000 los estudiantes en IES autónomas constituían el 46.5 por ciento del total nacional y en 1990 las dos terceras partes. Es decir, en los últimos años el sector autónomo ha perdido representatividad cuantitativa, lo que es un indicador del más bien escaso interés gubernamental (de la federación y los estados) de continuar desarrollando este modelo como el componente estratégico del sistema nacional de educación superior.

Políticamente esta pérdida de representatividad se traduce en un debilitamiento para las condiciones de negociación entre las universidades autónomas y el poder público, particularmente en lo que se refiere a la negociación periódica del subsidio.

En el pasado reciente las universidades autónomas consiguieron desarrollar procesos de crecimiento; descentralización; superación del perfil de la planta académica; ampliación de las infraestructuras para investigación y difusión; equipamiento y acervos; creación de nuevas carreras y consolidación del posgrado; así como múltiples procesos de evaluación y acreditación de programas. Esta dinámica fue posible, en buena medida por la distribución de fondos extraordinarios que apoyaban tales proyectos. Hoy, como se sabe, estos fondos prácticamente se han extinguido. A ello se agrega la tendencia, también decreciente, del gasto público en educación superior y el correspondiente a ciencia y tecnología.

A partir de 2018 las aportaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para educación superior han seguido una política de crecimiento cero, es decir incrementos marginales, reducidos a la tasa de inflación contemplada en los criterios de política económica de la Secretaría de Hacienda que, todos los años, han resultado inferiores a la inflación objetiva, lo que ha dado como resultado una reducción presupuestal en términos reales y una muy importante reducción en términos de gasto por estudiante. Aunado a las restricciones para la obtención de recursos complementarios, ello ha generado que, varias de universidades autónomas estén en condiciones críticas en materia de financiamiento y obligadas a una negociación bilateral para acceder a recursos de emergencia.

Un indicador elocuente de la tendencia a disminuir el gasto federal en educación superior es el relacionado con la proporción del presupuesto programable destinado a ésta: el indicador de presupuesto de la función de educación superior y posgrado entre gasto neto programable fue, en 2006, de 3.26 por ciento, en 2012 de 3.28 por ciento, en 2018 de 3.24 por ciento y el correspondiente al año próximo de solo 2.94 por ciento. Ello significa que, en 2022, el gobierno federal gastará en educación superior menos que nunca, considerando los recursos disponibles.

Mientras que en 2006 la matrícula de educación superior (técnico superior, licenciatura y posgrado, en modalidades escolarizada y no escolarizada) se componía de 2.7 millones de estudiantes, en 2012 de 3.7 millones, en 2018 de 4.7 millones, la correspondiente a 2020 puede alcanzar el umbral de cinco millones de estudiantes. Es decir que en la actualidad, con menos recursos en términos relativos, se deben brindar servicios educativos a una cantidad creciente de estudiantes. En este renglón el gasto federal por estudiante ha decaído de 63.3 miles de pesos en 2006 a 52 mil pesos para el año que viene.

El gasto federal asignado a las universidades autónomas en el presupuesto 2022 es, de nueva cuenta, equivalente a cero. Es decir solo el incremento de la inflación estimada por Hacienda para el año. Para la UNAM hay un ligerísimo incremento: un punto porcentual por encima de la inflación; y la UAM recibirá un aumento marginal (0.2 por ciento). El resto, nada.

Recordemos también el mandato legal sobre gratuidad y obligatoriedad de la educación superior impuesto por la reforma al tercero constitucional en 2019. En ella se dispuso la obligación de generar un fondo específico para el efecto. Pero no se ha cumplido. A la fecha prácticamente todas las IES públicas, con contadas excepciones, mantienen cuotas escolares (es decir las universidades, incluso las interculturales, las IES tecnológicas, así como las normales y universidades pedagógicas). La gratuidad sigue lejos y así seguirá mientras el ejecutivo no encauce los recursos para cumplir ese propósito.

La contención del gasto público en educación superior no es solo un freno a sus posibilidades de desarrollo, es también una forma de ataque a la autonomía universitaria.