Roberto Rodríguez Gómez

Hace casi un siglo, el 10 de enero de 1923, la XXVII legislatura del congreso potosino aprobó el Decreto 106 “por el que se establece la Universidad Autónoma del Estado, que se denominará Universidad de San Luis Potosí”. A través de ese acto legislativo se instituyó la universidad y simultáneamente fue dotada de autonomía.

La norma se especifica la composición institucional. Se agruparían en la universidad, en primer lugar, las facultades integrantes del Instituto Científico y Literario, en funciones desde 1859: Escuela Preparatoria, Facultad de Medicina, Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Ingeniería, Escuela Comercial y Escuela de Estudios Químicos; en segundo lugar, el Hospital Civil Dr. Manuel Otero, en su parte técnica y docente; en tercer lugar, la Biblioteca Pública del Estado; y por último el Observatorio Meteorológico. Además, quedó adscrita a la nueva institución la Dirección de Educación Normal de esa entidad.

Dos años después, el gobernador Aurelio Manrique (1923-1925) decretó la abolición de la autonomía, convirtiendo a la institución en una dependencia del poder ejecutivo del estado, facultando al gobernador para el nombramiento del personal docente y administrativo y separando a la Escuela Normal de la órbita universitaria.

El 23 de febrero de 1934, el congreso local expidió a través del Decreto Número 35 de la XXXIII legislatura, la Ley Orgánica del Instituto Científico y Literario Autónomo de San Luis Potosí. La iniciativa fue presentada por el gobernador Ildefonso Turrubiates (1931-1935), subordinado político del cacique militar Saturnino Cedillo, opositor de Calles, contrario a la política de educación socialista promovida por los presidentes del Maximato y por Lázaro Cárdenas. El retorno al régimen autonómico se explica también como una respuesta al movimiento estudiantil “Pro-reforma universitaria” que esgrimía, como su demanda principal, la independencia política y académica de la institución. Llama la atención, no obstante, que en el decreto respectivo se denomine a la universidad con su nombre antecedente: Instituto Científico y Literario.

Gonzalo N. Santos fue electo gobernador de San Luis Potosí en 1940 por un periodo sexenal. En 1943 organizó la reforma a la constitución política del estado, que sería avalada por el legislativo local. Entre otras medidas, el artículo 100 de la norma reformada reconoció el carácter autónomo de la universidad y estableció la necesidad de promulgar una ley secundaria para sustanciar ese mandato. En siguiente gobierno, encabezado por Ismael Salas (1949-1955) se modificó el artículo 100 constitucional, con el siguiente texto: “La Universidad de San Luis Potosí, es Autónoma en todo lo que respecta a su régimen interior. Realizará sus fines de educar, investigar y difundir la cultura con base en la libertad de cátedra e investigación y en el libre examen y discusión de las ideas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta Constitución y en su ley orgánica. El Estado, en la medida de sus posibilidades presupuestales, la dotará con un subsidio anual” (11 de diciembre de 1949). En la misma fecha fue expedida la Ley Orgánica del artículo 100 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí que, para todos los efectos formales y prácticos, fungió como ley orgánica universitaria hasta el presente.

En abril de 2020 el Consejo Directivo Universitario decidió, por votación, que Alejandro Zermeño Guerra, previamente director de la Facultad de Medicina, fuera el nuevo rector de la UASLP. Desde su campaña para el acceder al cargo, el oftalmólogo Zermeño propuso como prioridades de la nueva administración la regularización normativa de la institución y desarrollar una estrategia para combatir el déficit financiero que hacía peligrar las posibilidades de desarrollo académico e institucional.

Desde el inicio de su rectorado, Zermeño Guerra se reunió con autoridades federales y estatales para promover el interés de la UASLP de resolver la problemática financiera, asegurar la sostenibilidad de los programas de docencia, investigación y difusión cultural de la universidad y evitar el despido de personal académico y administrativo. Además de esa labor de cabildeo y negociación, instruyó la integración de una comisión legislativa para la revisión y actualización de las normas universitarias. En noviembre de 2020 fue aprobada por el Consejo Directivo Universitario la reforma al Estatuto Orgánico. Simultáneamente se desarrolló el proyecto de modificar la ley orgánica universitaria.

En 2020 y 2021 se celebraron varias reuniones entre representantes de la universidad y legisladores de varias de las comisiones del congreso local, en particular las de Hacienda y de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, con el propósito de afinar la iniciativa universitaria. Como resultado de lo anterior, el 17 de febrero de este año el pleno del congreso de la entidad aprobó la iniciativa en forma unánime. La nueva ley orgánica está consignada en la Gaceta Parlamentaria de la fecha aunque aún está pendiente su publicación en el periódico oficial del estado.

Se trata de una norma breve (21 artículos y cuatro transitorios), con enfoque de derechos humanos, que refleja adecuadamente la estructura de gobierno de la institución, las obligaciones y derechos de los académicos, las atribuciones autonómicas universitarias y, lo que es muy importante, garantiza el acceso a fondos a través de subsidios de la federación, el estado y recursos propios de la universidad. Asimismo, posibilita la fiscalización de las finanzas universitarias, a través de un órgano interno de control, siempre y cuando no se invadan las garantías que otorga la constitución federal en materia de autonomía.

Además de los problemas que resuelve la nueva ley, sin duda es una excelente manera de celebrar el centenario de la universidad autónoma.