Roberto Rodríguez Gómez

El 28 de febrero la organización Mexicanos Primero denunció la cancelación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), dado que, el mismo día, el Diario Oficial de la Federación publicó las reglas de operación del Programa La Escuela es Nuestra, en ellas no se incluyeron recursos específicos para la operación del PETC.

Como antecedente cabe referir que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación (PEF-2021) había eliminado el programa presupuestario del PETC. Tanto en el parlamento abierto como en el debate legislativo, se hizo notar esa omisión y sus consecuencias negativas. En el debate del pleno de la Cámara de Diputados, durante la discusión en lo particular del PEF-2021, la diputada Adela Piña Bernal (Morena), presidenta de la Comisión de Educación, presentó una reserva con la finalidad de asignar recursos específicos para la operación del PETC, incluyendo los apoyos para docentes. En aquella sesión, el 13 de noviembre 2020, la oposición si bien cuestionó la supresión del programa presupuestal aceptó la opción de la reserva para salvaguardar recursos indispensables para la continuidad del programa.

En la votación del pleno únicamente transitaron nueve de las más de mil reservas presentadas por diputados. Una de ella fue, precisamente, la correspondiente al PETC. El resultado fue la incorporación de un artículo transitorio, el décimo octavo, al PEF-2021: “El programa denominado La Escuela es Nuestra incluye recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa, en términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la Secretaría de Educación Pública.”

En la revisión del PEF-2022 la reiterada supresión del PETC no pasó inadvertida. Varias organizaciones civiles y legisladores de oposición se pronunciaron al respecto. Pero, a diferencia del año previo, la fracción mayoritaria optó por la propuesta de Hacienda en el sentido de dejar sin asignación financiera al programa, lo que implica su cancelación.

Con la confirmación de esa decisión y su visibilidad en medios de opinión pública, algunas autoridades salieron a responder. La titular de la SEP, Delfina Gómez, comentó que los recursos del PETC se utilizarían, en su integridad, en el programa de infraestructura, porque ello era prioritario. Posteriormente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera del 8 de marzo, agregó que se trata de “un reajuste en el manejo del presupuesto”, que “ya no queremos que el presupuesto pase por muchas instancias”, y que “la familias decidan qué hacer con el presupuesto”. Además, hizo notar su sospecha sobre un manejo indebido de subsidio, puso en duda la existencia de clases vespertinas y la dotación de comida y refirió que “la SEP estaba plagada de corrupción”.

Hasta el momento, tanto la autoridad educativa como el titular del ejecutivo federal, han dejado sin respuesta los temas clave: ¿las escuelas de tiempo completo mejoran las condiciones y resultados de aprendizaje?, ¿la cancelación del programa afecta negativamente a los intereses de los estudiantes, las familias y los docentes?, ¿la cancelación es temporal o definitiva?

El debate sigue en pie. La mayoría de las opiniones de especialistas se ha inclinado por criticar la medida y son más bien escasas las posturas que defienden la decisión, menos las que sostienen argumentos convincentes para ello. Se ha mostrado que las evaluaciones que han realizado distintas instancias (Coneval: 2013 y 2018; Unicef y SEP: 2018; Luna y Velázquez: 2019) presentan resultados positivos en términos de aceptación de las familias, directivos escolares y docentes sobre el programa; mejora en retención de alumnos; mejores resultados en pruebas estandarizadas; mejora en la calidad de vida de los estudiantes, entre otros aspectos). Del mismo modo, las múltiples auditorías de las que ha sido objeto el PETC por parte de la Auditoría Superior de la Federación, coinciden en que dicho programa ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos de su creación; que ha mejorado en términos de transparencia y rendición de cuentas, si bien hay áreas de oportunidad en materia normativa, administrativa y en la entrega oportuna de cuentas.

Además de ser impopular, la decisión de suprimir el PETC es inoportuna. En estos días en que, al fin, el retorno a las aulas se está concretando y en que la regularización y la recuperación de aprendizajes perdidos debería ser una prioridad ¿se justifica suprimir un programa que ofrece oportunidades para ello, en especial a la población escolar en las mayores condiciones de vulnerabilidad?

No sobra recordar, por cierto, que la Ley General de Educación aprobada en 2019 señala, entre las acciones que deben llevar a cabo las autoridades educativas, la de “establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos” (artículo 9-VIII). Incumplir con esta disposición es incumplir la ley. ¿Les importa?