Roberto Rodríguez Gómez

Es poco probable que sobre los compromisos presidenciales para educación superior ocurra un “cambié de opinión”. Sin embargo, todo indica que las principales propuestas (obligatoriedad, gratuidad y lugar para todos los solicitantes) difícilmente se cumplirán en el sexenio. La razón principal es la insuficiencia de inversión pública en el sistema.

Estos compromisos fueron colocados en la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 3ro., 31 y 73 que envió la presidencia de la República a la Cámara de Diputados el 12 de abril de 2018. En la exposición de motivos se indica: “Ha llegado el momento de pasar a la siguiente fase en el esfuerzo educativo nacional: lograr —a plenitud— la universalidad de la educación media superior y superior.” Luego, en la propuesta de cambio al artículo tercero se establecen dos disposiciones en esa dirección.

Para el segundo párrafo de dicho artículo se proponía: “La Federación, Entidades Federativas y Municipios impartirán la educación preescolar, primaria, secundaria, media y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta, la media superior y la superior serán obligatorias de conformidad con la fracción IV de este artículo”. La fracción IV debería quedar: “La educación universal y obligatoria implica el derecho de toda persona a acceder a la educación y la responsabilidad de los padres o tutores de que sus hijos concurran a la escuela. El Estado promoverá la inclusión de los jóvenes a la educación superior y establecerá políticas enfocadas a evitar la deserción y fomentar su permanencia.” (Gaceta Parlamentaria, 13 de diciembre de 2018).

Como es sabido, la iniciativa presidencial fue modificada sustancialmente en el debate parlamentario. El texto definitivo se aprobó hasta el 8 de mayo de 2019 y fue publicado en el día 15. Con una visión más realista sobre la posibilidad de concretar ambos derechos, se agregó una fracción: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.”

Además, se legisló un artículo transitorio que indica: “Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3o. de esta Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura. (Artículo décimo quinto transitorio de la reforma).

En varios momentos de 2019 la Anuies hizo énfasis en la necesidad e importancia del fondo federal especial para gratuidad previsto en el transitorio citado. Días después de aprobada la reforma en la Cámara de Diputados, el titular de la asociación, Jaime Valls Esponda, al participar en el ciclo de Diálogos sobre educación superior (UNAM y El Colegio Nacional) comentó: “la mayoría de las universidades presentan insuficiencia financiera debido al deterioro sistemático del presupuesto asignado (…) y no podrá hacer frente a los costos de un incremento significativo de la matrícula que ocasionará un crecimiento de la plantilla docente y de servicios, la ampliación de la infraestructura y el equipamiento”. Añadió que “en el proceso gradual relacionado con la gratuidad, que iniciará a partir del año 2022, el fondo requiere alcanzar un monto estimado de al menos 13 mil millones de pesos adicionales al presupuesto que se otorga a las instituciones públicas.” (La Jornada, 13 de mayo de 2019).

El cálculo de Anuies se basaba en información recogida sobre las cuotas de inscripción y colegiaturas devengadas por las instituciones por las instituciones públicas de educación superior del país, lo que incluía a las universidades autónomas, las IES tecnológicas, las escuelas normales y otras. La Anuies estimaba, además, que lograr una meta de cobertura de cincuenta por ciento implicaba una inversión pública suficiente lograr ciento setenta mil nuevos lugares por año. El impacto financiero de la meta, se calculaba en aproximadamente cuatro mil millones de pesos adicionales al subsidio.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 no incluyó el fondo considerado en el mandato constitucional. Por el contrario, el presupuesto para educación superior fue castigado con la eliminación de varios fondos extraordinarios. Algo se logró gracias a la gestión de rectores y con la gestión de Anuies ante los legisladores. Otro tanto sucedió en 2021 y en este año. Hasta la fecha sigue sin estar incorporado en la estructura presupuestal el fondo especial comprometido. Se ha indicado que, para ese efecto, se derivarán recursos del Fondo U079 “Expansión de la educación media superior y superior” por casi ochocientos millones de pesos para 2023. Además, el proyecto de presupuesto de egresos para el año que viene incluye un transitorio que indica “Los recursos del fondo a que se refiere el artículo 64 de la Ley General de Educación Superior [,,,] se podrán administrar mediante los fideicomisos públicos federales sin estructura que respectivamente se constituyan para tales efectos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.”

Varios son los indicadores que documentan el deterioro del financiamiento público a la educación superior. De ellos nos ocuparemos la próxima semana. Por ahora un solo dato: En valores constantes (pesos de 2022), durante el sexenio de Felipe Calderón el gasto federal por estudiante de educación superior ascendió a 84 mil pesos al año; en el periodo de Peña Nieto disminuyó a 72 mil; en el actual sexenio ha promediado 59 mil pesos y sigue en tendencia decreciente.