Roberto Rodríguez Gómez

Según la evidencia disponible es muy probable que la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mosa, haya plagiado la tesis de licenciatura con la que en 1987 obtuvo la licenciatura en derecho otorgada por la UNAM. Como es sabido, el tema fue descubierto y revelado por Guillermo Sheridan a través del portal noticioso Latinus, el 21 de diciembre del año pasado. A partir de ese momento, adquirió una enorme relevancia mediática y política porque, principalmente, coincidía con el relevo de la presidencia de la SCJN que debía proceder el segundo día de enero de 2023, cargo al que la ministra Esquivel aspiraba.

De nada sirvieron, para convencer al resto de los ministros de favorecer la candidatura de Esquivel, los recursos con los que ella buscó desacreditar la acusación. Ni las cartas de recomendación de sus antiguos profesores, ni la denuncia que formuló contra el posible autor original de la tesis en cuestión, ni las expresiones del titular del Ejecutivo y de otras personalidades del gobierno en su favor. Tampoco fue de utilidad, en el sentido indicado, el expediente armado a las prisas por la Fiscalía General de la Ciudad de México, en que, según la versión filtrada, el fiscal de investigación estratégica central recomienda el sobreseimiento del caso (carpeta de investigación CI-FIEC/ACI/UI-2 C/D/00647/12-2022). El escenario desfavorable no se modificó, probablemente ocurrió lo contrario.

Como primer resultado del proceso, aunque la ministra Esquivel perseveró en su candidatura para encabezar la SCJN, el resultado de la elección recayó en la ministra Norma Lucía Piña Hernández, con lo cual el colegiado judicial refrendó su autonomía frente a las preferencias del poder Ejecutivo, así como el reconocimiento a la amplia trayectoria de la jurista electa.

Aunque, por ahora, ese es el resultado de mayor relevancia, hay varios aspectos pendientes que se tendrán que solventar y resolver a corto plazo. El primero de ellos es la postura que asuma la UNAM al respecto, tanto en su valoración del posible plagio y la sanción que amerite, como también la probable responsabilidad de la directora de las tesis en cuestión, Martha Rodríguez Ortiz, quien también participó en el sínodo de ambos exámenes profesionales sustentados, el primero, de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, en 1986, y el de la ministra, más de un año después.

El segundo aspecto se habrá de derivar de los que la UNAM decida hacer al respecto del título profesional emitido. Si declara su invalidez, entonces la Corte estará obligada a prescindir de los servicios de la ministra, porque el título profesional es un requisito para ese cargo. Si, por cualquier razón, la UNAM toma una decisión diversa se habrá salvado esa posibilidad, aunque difícilmente el prestigio de la ministra Esquivel.

Por ahora la Universidad Nacional ha iniciado dos procesos. El primero de ellos en el ámbito de la Facultad de Estudios Superior Aragón, en donde el Comité de Integridad Académica y Científica de la dependencia universitaria inició un proceso de revisión del caso que toma en cuenta, en primer término, el dictamen emitido por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM en que se comprueba “un alto nivel de coincidencias” entre las tesis (23 de diciembre de 2022). Además de ello, la valoración de la documentación que los implicados hayan entregado al colegiado, así como los expedientes académicos de los autores de las tesis. Este comité debe presentar su dictamen a la dirección del plantel para que, en su caso, se entregue la denuncia correspondiente al Tribunal Universitario, órgano competente para resolver lo que proceda.

Sobre este punto, la posible decisión del Tribunal de la UNAM, conviene una aclaración: según el reglamento de este órgano, únicamente se pueden imponer, a estudiantes y académicos de la institución, “las sanciones previstas en la Legislación Universitaria” (artículo 17). Esta regla puede resultar problemática si se toma en cuenta que en las normas generales de la UNAM no está explícitamente definido el plagio de tesis y por lo tanto la sanción que esa práctica amerita: hay un evidente vacío legal.

Tanto de la dirección de la FES Aragón como el propio Tribunal Universitario tienen la opción de tomar en cuenta, no obstante el vacío legal referido, la interpretación de la Abogacía General de la UNAM que declara: “De conformidad con lo establecido en los artículos 87, fracción I y 95, fracción I del Estatuto General en relación al artículo 4o. del Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, la falta de probidad y honradez se considera una infracción a los principios académicos y éticos señalados en la Legislación Universitaria. En este sentido, la ausencia de honestidad en la elaboración de una tesis, puede considerarse como una falta grave contra la Universidad, por lo que el Director de la entidad que corresponda, deberá remitir dicho caso al Tribunal Universitario, el cual es la instancia competente para conocer y resolver sobre faltas a la Legislación Universitaria cometidas por los Alumnos” (Oficina del Abogado General de la UNAM, Criterios de Interpretación 2007-2017, criterio: Forma de proceder cuando se plagia una tesis para obtener el grado).

Un segundo proceso se ha iniciado en la Facultad de Derecho de la UNAM para revisar la actuación de la directora de las tesis. Hace uno días, el consejo técnico de dicha Facultad “acordó instruir y excitar a la Comisión de Ética, acompañada de cinco Consejeros Técnicos, para que se analice, desahogue y resuelva de manera expedita, el procedimiento disciplinario a que haya lugar” (comunicado 9 de enero 2023).

Habrá que observar los pasos que implica el caso en el ámbito universitario. Se trata de un proceso complejo con múltiples aristas y con probables consecuencias para la institución según tome una u otra decisión. No es irrelevante, en un sentido político, considerar que se trata del último año de la rectoría de Enrique Graue.