Roberto Rodríguez Gómez

El 20 de enero el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, pronunció un discurso ante el cuerpo directivo de la institución en que comunicó las medidas que se están tomando para prevenir, en el futuro, los casos de plagio y de otras formas ilegítimas para la obtención de títulos universitarios. Además, informó sobre la decisión de la rectoría de convocar, de inmediato, al comité universitario de ética para que analice el caso del plagio de tesis que, según dictamen del Comité de Ética e Integridad Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cometió la ministra Yasmín Esquivel Mossa en 1987.

El rector Graue comentó que, no obstante la opinión establecida por la abogacía general de la UNAM en el sentido en que la institución carece de facultades explícitas para invalidar los títulos que otorga, reconoce que la gravedad del caso, y sus implicaciones para el prestigio de la Universidad Nacional, ameritan la exploración de alternativas que sancionen esa conducta. Aclaró, eso sí, que en su calidad de rector no puede ir más allá de lo que la normatividad permite; que en la revisión se garantizarán los principios del debido proceso, y que no se actuará en forma apresurada o irresponsable.

Al día siguiente, el presidente de la República, en su conferencia matutina, se refirió al discurso del rector comentando: “está bien que informe, nada más que no hay nada concreto, todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador”. López Obrador recomendó que, en caso de comprobar el plagio, la UNAM haga la denuncia correspondiente para que el caso se judicialice ante las instancias competentes.

En esas condiciones, la pregunta que aún no encuentra una respuesta definitiva es ¿puede la UNAM revocar el acto de otorgamiento del título emitido? Unos opinan que sí y otros que no. Es un amplio debate y la opinión, por el momento, está dividida.

Es de interés, por lo tanto, dar cuenta de algunos argumentos que se han colocado en el tapete de la discusión. La opinión de Eduardo Andrade Sánchez, quien fue abogado general de la UNAM en los años de 1985 a 1987, expresada en varias entrevistas desde los últimos días de diciembre, sostiene que el título de la ministra, otorgado por la UNAM, es inatacable y no corre el riesgo de invalidarse aun cuando hubiera cometido plagio. En primer lugar, dice Andrade, porque la normativa universitaria carece de una disposición al respecto y no prevé una sanción de ese tipo. Por lo tanto, agrega el ex abogado general y también ex director general de Profesiones, “cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del Tribunal Universitario”. Andrade opina, además, que el elemento central para el otorgamiento del título profesional es, como tal, el desempeño del alumno en el examen, independientemente que para éste la tesis sea un requisito.

Mónica González Contró, ex abogada general de la UNAM y actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas argumentó, en una entrevista para W-Radio (18 de enero) que la Universidad “sólo tiene atribución para actuar respecto de su comunidad, es decir de las alumnas y alumnos y del personal académico.” Añadió que no existe la posibilidad de emitir una sanción sobre personas fuera de la comunidad universitaria y que, “aunque el derecho se puede interpretar, debe hacerse, invariablemente, desde una perspectiva que garantice el principio de legalidad.” Por lo tanto, en opinión de la académica, no hay una competencia, en la normativa institucional, para anular el título concedido.

En el extremo opuesto cabe situar el punto de vista de Mario Melgar-Adalid, también ex abogado general de la UNAM (1990-1991), además de secretario general administrativo y coordinador de humanidades de la casa de estudios. La opinión del jurista, publicada en El Universal el 17 de enero, es contundente: “por supuesto que la UNAM puede invalidar este título, como todos los demás que han sido documentados como plagios por distintas instancias. En el primer año de Derecho los estudiantes entran en contacto con los principios generales del Derecho. Son como su nombre lo dice el fundamento de la normatividad. Derivan de la naturaleza misma de las cosas. Uno de los principios señala que quien puede lo más puede lo menos.” Hace notar, asimismo, que en la legislación universitaria existen “los fundamentos para anular un título obtenido de manera fraudulenta”. Más aún, que en la “Ley Federal de Procedimiento Administrativo se señala que entre algunos de los elementos y requisitos del acto administrativo (como es la expedición de un título) se encuentra que sea expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo o sobre el fin del acto, así como que sea expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión.”

Con diferentes argumentos, el abogado Pedro Salazar Ugarte, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide sobre la opción de anulación. En entrevista radiofónica (W-Radio, 23 de enero) comentó: “Los órganos colegiados son los encargados de definir si la UNAM puede o no hacer algo respecto al caso de la ministra. Desde mi punto de vista, sí puede hacerlo. Como no hay ninguna norma que expresamente diga que se puede retirar el título, la Universidad no puede hacerlo, pero como se trata de un acto eminentemente académico y que cuando hay un plagio no se cumple con los requerimientos necesarios y suficientes para obtener un título, por eso creo que sí puede invalidar y declarar el título de Esquivel como inválido”. Salazar agregó que al ser el plagio incompatible con la misión universitaria y la honestidad académica, ello “es suficiente para que la UNAM determine que esa persona no se puede ostentar como licenciada en derecho por la institución porque no cumplió con los requisitos académicos para hacerlo.”

El debate del tema, de pronóstico reservado, seguramente continuará. Por ahora, cerremos con una cita antigua. En el primero de sus tres “Diálogos latinos”, dedicado a la joven universidad novohispana, Francisco Cervantes de Salazar imagina la siguiente conversación entre su par de personajes: Gutiérrez pregunta a Mesa: “Los que desean graduarse en teología, filosofía o jurisprudencia, ¿qué comprometen en el examen?” A lo que el segundo responde: “Lo mayor de todo, es decir, la honra, que muchos estiman más que la vida”. Esto, en 1554.