Roberto Rodríguez Gómez

Hace seis años, casi con exactitud, se dio a conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019, que iniciaría el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Se proponía, para el sistema público de educación superior, prácticamente el mismo monto de recursos federales distribuidos en 2018, sin considerar el indicador de inflación de ese año. El subsidio para las IES federales, tomadas en conjunto, presentaba una disminución de 1,714 millones de pesos, una reducción real de 6.2 por ciento. Para el grupo de universidades públicas estatales, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y politécnicas, aún contando los 471.2 millones de pesos adicionales al monto autorizado en 2018, se estimaba una disminución de 3.2 por ciento en términos reales. Los fondos de recursos extraordinarios disminuían en un 43.6 por ciento, por la cancelación de varios de ellos y el recorte a los subsistentes. Por último, los recursos para el Conacyt disminuían en 2,561.2 millones de pesos con respecto al presupuesto de 2018, es decir un déficit de 12.8 por ciento.

En estas condiciones, las universidades públicas representadas por la Anuies, y varias de ellas en lo particular, se pronunciaron contra el recorte y buscaron la intermediación de los legisladores para remediarlo. En un comunicado del 17 de diciembre, la asociación se dirigió a los diputados instándolos a “realizar los ajustes necesarios para otorgar los recursos que requiere la educación superior (…) a fin de fortalecer su planta académica y los medios para ofrecer con mayor calidad sus servicios educativos a una creciente población estudiantil, así como para ampliar sus programas de investigación y de divulgación de la ciencia y la cultura”. El mismo día el secretario de Hacienda declaraba, en el acto de presentación del PEF a los diputados, que “en algunas universidades los sueldos son desproporcionalmente altos, hay falta de transparencia en su gasto” (La Jornada, 18 de diciembre 2018).

El 18 de diciembre el presidente AMLO, en un acto celebrado en la Escuela Normal Rural “El Mexe”, en Hidalgo, declaró que “se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades y se presentó un presupuesto en donde, en efecto, hay una disminución de cuatro, cinco mil millones de pesos. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde” (Comunicado de la Presidencia de la República). Al cabo, el PEF fue modificado y se mejoró la asignación federal para el sistema de educación superior al nivel del dato de inflación estimado en el paquete económico; se autorizó una ampliación total del gasto por 6,960.2 millones de pesos, aunque no prosperó la demanda de mejorar el subsidio a los fondos concursables ni la ampliar la base presupuestal del Conacyt.

A lo largo del sexenio 2018-2024 se seguiría el criterio, con algunas ligeras modificaciones, de distribuir a las instituciones de nivel superior un presupuesto equivalente al del año previo con el agregado del indicador de inflación pronosticado por Hacienda, que fue invariablemente inferior al dato de inflación observado al final del año respectivo. El estancamiento financiero, aunado a los efectos de la pandemia de Covid-19, fue decisivo para que se incumpliera la meta de cobertura programada, así como las promesas de obligatoriedad y gratuidad proclamadas desde la campaña presidencial de AMLO y convertidas en ley a través de la reforma al tercero constitucional en 2019 y la Ley General de Educación Superior de 2021.

Un nuevo horizonte sexenal

Durante su campaña por la presidencia de la República, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo estableció un amplio conjunto de propuestas y compromisos articulados en el documento “100 pasos para la transformación, proyecto preliminar”. En ese documento, para la educación superior se indica que “entre todas las instituciones de educación superior, mi sueño es que en el sexenio podamos atender a otros 300 mil estudiantes. Todos los sistemas de educación superior pública del país serán gratuitos. Se fortalecerán las universidades Benito Juárez, se harán nacionales dos universidades que creamos en la Ciudad de México, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud” (pág. 19). Además, en la sección de metas del mismo documento se establece como propuesta “alcanzar en el año 2030 una tasa de cobertura bruta en educación (superior) de al menos 55 por ciento y una tasa de cobertura neta de al menos el 40 por ciento de los jóvenes de 18 a 22 años” (pág. 354).

Conviene aclarar que, según las proyecciones de población estimadas por el Conapo, en 2030 habrá 11 millones 135 mil 904 personas entre 18 y 22 años. De esa cantidad, el 55 por ciento son 5 millones 567 mil 952 individuos. Considerando que la matrícula total de licenciatura del ciclo 2023-2024 es de 4 millones 926 mil 166 estudiantes, para alcanzar una meta de cobertura bruta de 55 por ciento harían falta 1 millón 198 mil 581 alumnos adicionales en total. Si se mantiene la actual proporción de matrícula pública (65 por ciento del total), el crecimiento requerido para lograr la meta fijada sería, aproximadamente, de 780 mil estudiantes adicionales a los actualmente inscritos en las IES públicas, cifra más del doble de la propuesta en el documento de cien pasos.

La presidenta Sheinbaum, en la conferencia matutina del pasado 23 de octubre aclaró que la meta de 300 mil estudiantes adicionales se conseguiría con la ampliación de matrícula de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Es decir, que el resto de la matrícula pública requerida quedaría en manos de las universidades federales y estatales y las escuelas normales. Para alcanzar o al menos aproximarse al horizonte de mejorar la cobertura y volver realidad la gratuidad de las IES públicas hará falta, como elemento indispensable, reforzar la base financiera de las instituciones. Ello es ineludible.

Vuelta a la austeridad y nuevo error

Por el origen universitario, trayectoria académica y profesional de la primera Jefa de Estado en México; y, sin duda, por el compromiso gubernamental de convertir al país en “Potencia Científica e Innovadora”, las instituciones y comunidades académicas desplegaron altas expectativas sobre el Paquete Económico para 2025. Grande fue la sorpresa al conocerse el detalle del proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2025 que, en términos generales, replica las políticas de ajuste fiscal y monetario que a lo largo de varias décadas marcaron una costosa ruta de estancamiento económico.

Se sabía de los grandes retos que enfrentaría el nuevo gobierno en materia de finanzas públicas, a consecuencia de los elevados costos presupuestales de los programas y proyectos heredados por su predecesor, mismos que en 2024 colocan al déficit público, medido por sus requerimientos financieros, en una proporción de 5.9 por ciento del PIB, la más elevada de las tres últimas décadas. La magnitud del déficit financiero del sector público federal equivale a casi dos billones de pesos; es decir, prácticamente el doble de todo el gasto educativo federal aprobado en el presupuesto de 2024 (1.086 billones de pesos).

La vulnerabilidad de las finanzas públicas anticipaba importantes ajustes al gasto público federal. Sin embargo, la tijera de la SHCP se ensañó con la educación superior, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura, cuyos presupuestos para 2025, respecto al año en curso, en términos reales se reducen en -7.7 por ciento; -3.8 por ciento y -30.9 por ciento, respectivamente.

El ajuste presupuestal anunciado en el Proyecto de PEF 2025 el 15 de noviembre del año en curso, resultó particularmente severo con las universidades públicas federales y estatales, cuyos presupuestos, en términos reales, se reducen en -17.7 por ciento a la UAM; -14.3 por ciento a la UNAM; -13.4 por ciento al IPN; -12.8 por ciento al Cinvestav; -12.8 por ciento a la Universidad Abierta y a Distancia de México; -12.3 por ciento a la UAANarro; 11.9 por ciento a la UPN; -11.5 por ciento al Tecnológico Nacional de México; -9.9 por ciento al Colegio de México; y así sucesivamente. En el caso de las Universidades Públicas estatales la reducción del subsidio federal en promedio es de -4.2 por ciento en términos reales. En el caso de los Centros Públicos de Investigación, sectorizados en el Conahcyt, la reducción presupuestal en promedio es de -10.5 por ciento.

Destaca el impacto a la UNAM y al IPN, cuyo recorte implica reducciones -a precios corrientes- por 5,360 millones de pesos y 2,153 millones de pesos, respectivamente. Sin embargo, a precios constantes de 2025, la disminución se estima en 7,528 y 3,105 millones de pesos, respectivamente.

Al igual que en 2018, la reacción de las universidades públicas fue inmediata y enérgica, al grado que la autoridad hacendaria emitió el mismo día que se presentó el Paquete Económico, un comunicado que reconoce un “lamentable error” en el presupuesto anunciado para la UNAM y el IPN, que contraviene la instrucción presidencial de incrementar sus presupuestos en proporción equivalente a la tasa de inflación.

En el escueto comunicado se señala que en el caso de ambas instituciones habría una corrección que incrementará en 3.5 por ciento el presupuesto de ambas instituciones, considerando la variación estimada para 2025 del índice nacional de precios al consumidor. Sin embargo, en la enmienda la SHCP omitió la variación del deflactor implícito de precios del PIB, que es el indicador más amplio de los precios de toda la economía; el cual es utilizado por la SHCP, desde hace décadas, para elaborar los presupuestos y estimaciones fiscales. En los Criterios Generales de Política Económica para 2025 la SHCP publica que el deflactor de precios del PIB para 2025 se estima en 4.3 por ciento; es decir, por arriba del índice nacional de precios al consumidor, de 3.5 por ciento.

Para las universidades federales la diferencia entre ambos indicadores para medir la inflación se traduce en 740 millones de pesos; y en el caso de todas las instituciones públicas de educación superior de 1,587 millones de pesos.

Después del comunicado de la SHCP continuaron las reacciones de las universidades públicas, de manera que ha trascendido el compromiso gubernamental de corregir también sus presupuestos conforme al incremento del INPC de 3.5 por ciento.

Sin embargo, es importante precisar que, en este momento, la corrección de los presupuestos para educación superior está en el ámbito de atribuciones de la Cámara de Diputados, cuyas comisiones de educación, de ciencia, tecnología e innovación y de cultura deberán elaborar, respectivamente, las propuestas de modificaciones al Proyecto de PEF 2025 que analizará y dictaminará, en las próximas semanas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de dicho órgano legislativo.

Finalmente, es de llamar la atención que entre las correcciones que deberá hacer la Cámara de Diputados al proyecto de presupuesto para educación superior se encuentra el restablecimiento del Programa presupuestario S243 “Becas Elisa Acuña”, cuyas modalidades de becas son de gran relevancia para los estudiantes de las universidades públicas federales. Dicho programa, que contó con un presupuesto de 2,020 millones de pesos en el PEF 2024, fue eliminado también por la SHCP en el Proyecto PEF 2025.

También importa destacar la interrogante acerca del futuro de los centros públicos de investigación que coordinará la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que en el proyecto presupuestario sufren reducciones severas ¿se aplicará el mismo criterio prometido para las IES públicas o se mantendrán los recortes anticipados? Una cosa más: para la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, que se convertirán en nacionales y quedarán adscritas a la nueva Secretaría es indispensable establecer el programa presupuestario correspondiente. Es de esperarse que el congreso de los diputados haga las correcciones que apunten en la dirección del discurso presidencial sobre la importancia de una educación superior sólida y socialmente equitativa, así como un desarrollo de la ciencia y la tecnología a la altura de los retos del país.