Roberto Rodríguez Gómez

Acaban de cumplirse los primeros cien días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se han dado inicio, o al menos han sido enunciadas, las primeras acciones en los diferentes ramos que comprende la administración y las políticas sectoriales. No obstante, el pleno ejercicio gubernamental dará inicio en los primeros meses de este año, una vez que se cuente con certidumbre de los recursos a ejercer a través del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en diciembre del año pasado.

Todo parece indicar que, en el área educativa, salvo por la ampliación de las becas para educación básica y la réplica del programa La Escuela es Nuestra en para su implementación en instituciones de educación media superior, tendremos un escenario de austeridad y de contención del gasto público. En el caso del sistema público de educación superior, luego de haberse anunciado, en el proyecto presupuestario entregado por Hacienda a la Cámara de Diputados, una reducción de más de once mil millones de pesos con respecto al autorizado en 2024, se dio marcha atrás y se aprobó un incremento general de 3.5 por ciento para las instituciones del sistema. Como, en el mejor de los casos, esa proporción equivale a la inflación proyectada, el dato significa que no habrá de mejorar el panorama financiero para dichas instituciones, lo que sin duda compromete sus posibilidades de ampliación, de mejoramiento cualitativo y de acceso a recursos de infraestructura y equipamiento. En tal escenario, los propósitos de gratuidad y de acceso universal también se verán postergados, es lo más probable.

Una nueva iniciativa para el sistema público de educación superior consiste en la creación de unidades de la Universidad Rosario Castellanos en los estados de la República. Primero fue establecido el decreto que convierte en nacional a esa institución, lo que fue seguido del anuncio de las posibles primeras sedes (Chiapas, Baja California, Puebla, Yucatán, Ciudad de México y San Luis Potosí) y el objetivo de alcanzar en el sexenio al menos una treintena de nuevas unidades. El proyecto se basa en establecer carreras y posgrados que sean pertinentes a las vocaciones productivas locales y que adopten los principios curriculares y administrativos que se han experimentados en las sedes de la Ciudad de México. La universidad estará adscrita a la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), al igual que las unidades que se establezcan para el proyecto de Universidad de la Salud. Hace falta conocer, con precisión, los recursos que se autoricen para estos proyectos y la forma en que las entidades en que se implanten contribuirán a su sostenimiento. De ello depende, en buena medida, una estimación sobre sus posibilidades de desarrollo a futuro.

De la información que se desprende del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del año pasado, los recursos con los que iniciará sus labores la Secihti son ligeramente superiores a los aprobados para el Conahcyt hace un año: en 2004 se aprobaron para el Consejo Nacional 25,722.4 millones de pesos. Para 2025 se asignaron a la nueva entidad 26,377 millones de pesos, es decir únicamente 654.6 millones de pesos adicionales. Si se descuenta el factor de inflación para este año, resulta que la Secretaría tendrá menos financiamiento que el Consejo para concretar sus funciones y los nuevos proyectos que se propongan. Más difícil es el caso del conjunto de centros públicos de investigación: en 2024 les fueron aprobados 12,456 millones en total, pero para 2025, según la fuente consultada, contarán con apenas 9,926.7 millones. Por supuesto, se está a la espera de una mayor definición sobre esta distribución que, a primera vista, perece inconsistente con los propósitos de apoyar el desarrollo científico del país.

También de la revisión del presupuesto aprobado para este año queda en claro la cancelación del programa de becas Elisa Acuña que apoyó a estudiantes de educación superior en varios años de la administración previa, aunque se mantiene el denominado Jóvenes Construyendo el Futuro. Sobre las becas Elisa Acuña, ¿habrá alguna sustitución o representa el fin de la política de apoyos directos a la población beneficiada?

Por otro lado, se ha reiterado la decisión de cancelar el examen que administra la Conmipems para la asignación de aspirantes a los bachilleratos públicos bajo control federal de la Ciudad y el Estado de México. La medida iniciaría este año, aunque todavía hace falta conocer los detalles del método que se seguirá para distribuir a la población de aspirantes. También hace falta conocer cuál será la posición del gobierno del Estado de México en lo que respecta al conjunto de instituciones de bachillerato bajo su jurisdicción, aunque no sería de extrañar que replique la política de la presidencia. Lo más relevante del asunto será entender lo que decida la UNAM, desde su autonomía, y también lo que decida el IPN, institución que no es autónoma pero receptora de un amplio número de solicitudes de ingreso. Por último, la opción que tome la Universidad Autónoma del Estado de México al respecto. El nuevo experimento, según el o los mecanismos que se decidan, pueden tener consecuencias y efectos no previstos; según su dinámica podremos evaluar si mejoran los factores de desigualdad que se han presentado como efecto del mecanismo de un examen general de ingreso. Eso está por verse.

En fin, 2025 no parece, por lo indicado, un año fácil para la educación superior y para el sistema de ciencia y tecnología. Hay retos importantes y ojalá se encuentren soluciones y alternativas.