Alejandro Canales Sánchez

Las instituciones que ofrecen hoy la licenciatura en derecho son muy variadas y también muchos son sus programas de estudio; casi un millar las primeras y más de millar y medio los segundos. Al cúmulo de posibilidades educativas sumemos las posiciones laborales de sus egresados, la preocupación pública sobre el sistema judicial, las fallas en la procuración de justicia y los escándalos mediáticos de personalidades de ese gremio profesional. En conjunto expresan las razones de la alta sensibilidad social acerca de los abogados.

Tradicionalmente, dijimos aquí en la entrega anterior , el área de las ciencias sociales y administrativas ha concentrado las preferencias vocacionales de los estudiantes de educación superior en México. También anotamos que de los 4.5 millones de alumnos de licenciatura universitaria y tecnológica que existen actualmente, alrededor del 40 por ciento está inscrito en alguna carrera afín a esa área.

Sin embargo, son muy variadas las carreras que se incluyen y no siempre, para fines estadísticos, han quedado agrupadas en la misma área. En el ciclo escolar 2022-2023, la subárea de administración y gestión, tenía una matrícula de 497 mil estudiantes, aunque incluye media docena de carreras universitarias. En conjunto representan el 11 por ciento del total de estudiantes de licenciatura universitaria y tecnológica.

Por su parte, la subárea de derecho y criminología, que incluye dos carreras universitarias, para el mismo ciclo escolar concentró 432 mil estudiantes. El 10 por ciento del total de la matrícula. Si únicamente se considera la carrera de derecho, su matrícula es de 369 mil alumnos. En comparación, la carrera de administración de empresas tiene 271 mil, ingeniería industrial 237 mil y psicología 203 mil. Es decir, considerada individualmente, derecho concentra, por mucho, las preferencias de los estudiantes en todas las modalidades de la licenciatura.

La expansión de la matrícula en las últimas décadas, tanto como el crecimiento de instituciones y programas de estudio, comenzaron a representar un desafío para la sistematización de las estadísticas educativas. Porque un esquema de trabajo era el de Anuies, la principal agrupación de directivos de instituciones de educación superior en el país, y otra la de la Secretaría de Educación Pública.

La Anuies, desde fines de los años sesenta y de forma más sistemática desde 1972, comenzó a publicar sus anuarios estadísticos. Una de las fuentes de información más relevantes en el campo de la educación superior. Al inicio consideró seis áreas profesionales o de estudio: ciencias agropecuarias; ciencias de la salud; ciencias sociales y administrativas; ciencias naturales y exactas; educación y humanidades; e ingenierías y tecnologías.

El área de ciencias sociales y administrativas incluía una veintena de carreras, tales como administración, contaduría, derecho o sociología, pero también antropología, arqueología o psicología, por ejemplo. De hecho, sumaban casi un centenar las ramas de estudio de las carreras. Por ejemplo, para la licenciatura en administración eran 14 ramas, desde la administración de empresas hasta la administración del tiempo libre; la carrera de derecho consideraba cuatro ramas o denominaciones: abogado, licenciado en ciencias jurídicas, licenciado en criminología y licenciado en derecho.

En el año 2009 se constituyó el Comité Técnico Especializado de Información Educativa, organismo dependiente del Inegi, como parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) para tratar de estandarizar la producción estadística del terreno educativo. Al año siguiente presentó una versión preliminar de su “Clasificación mexicana de programas de estudio por campos de formación académica” y en el 2012 lo que sería la versión definitiva de esa clasificación.

El Comité planteó una nueva forma de clasificar las carreras universitarias. Por ejemplo, las áreas ya no fueron áreas de estudio ni de conocimiento ni profesionales, se les denominó “Campo de formación académica”. También quedó establecido que un campo era: “Un “ámbito de conocimiento (que puede ser teórico, práctico o ambos) que se enseña en un plan o programa de estudio”.

Lo relevante es que estableció que la unidad básica para clasificar en campos de formación académica sería el “programa de estudio” de las instituciones. Una decisión que volvió a modificar en el año 2016, para adoptar más bien la unidad de “plan de estudios”. Tal y como quedó planteado en el documento de ese año: Clasificación mexicana de planes de estudio por campos de formación académica 2016. Educación superior y media superior.

Además, si en la versión del 2012 había incrementado de seis a ocho el número campos, para el de 2016 ya sumaban 10 campos amplios, precisamente porque reorganizaron las ciencias sociales y administrativas y se añadieron las TIC. La clasificación actual y que a la fecha permanece es: 1) educación; 2) artes y humanidades; 3) ciencias sociales y derecho; 4) administración y negocios; 5) ciencias naturales, matemáticas y estadística; 6)Tecnologías de la información y la comunicación; 7) ingeniería, manufactura y construcción; 8) agronomía y veterinaria; 9) salud; y 10) servicios.

A los campos amplios, les sigue un campo específico, luego uno detallado e incluso un último, particularmente para el campo de la salud, llamado “unitario”. El campo 3, el de las ciencias sociales y derecho, quedó desdoblado en tres campos específicos: a) ciencias sociales y estudios del comportamiento; b) ciencias de la información; y c) derecho y criminología. Después cada un tiene sus campos detallados, en total suman una decena. Derecho tiene dos campos detallados: i) derecho y ii) criminología y criminalística.

En fin, no parece sencillo seguir la desagregación de los campos hasta llegar a los planes de estudio, pero resulta ilustrativo no solamente de la complejidad de la tarea de recopilación de la estadística educativa nacional, también de las modificaciones de las profesiones que reflejan la dinámica y avance del conocimiento.

Los planes de estudio de la licenciatura en derecho, sin embargo, han permanecido relativamente estables. Restaría por ver los números de otros indicadores, como el de instituciones públicas y privadas, la matrícula por sexo y por entidad federativa, el patrón de reconocimiento de validez oficial de estudios, la evaluación y acreditación de los programas de estudio, entreo otros factores.

Pie de página: Ahí viene el “Código de conducta” del Conahcyt, el documento está fechado en julio de 2023, pero apenas el pasado 15 de enero apareció en la página de la Conamer.// En Argentina, los directivos de los centros del Conicet, se manifiestan, en desplegado público, en contra de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno. Aquí lo puede ver: t.ly/07_Ya.