Roberto Rodríguez Gómez

El Conacyt inició sus actividades en 1971, bajo la dirección del ingeniero Eugenio Méndez Docurro. En su etapa de lanzamiento mantuvo e incrementó notablemente las becas para estudios de posgrado en México y el exterior; apoyó la instalación de los centros de investigación creados en el periodo; participó en la gestión de proyectos de investigación básica y aplicada, y desarrolló tareas orientadas a la formulación de la política pública de ciencia y tecnología y de los instrumentos de planeación correspondientes.

A la mitad del sexenio cambió la titularidad del Conacyt con la designación de Gerardo Bueno Zirión, quien se propuso, como prioridad de su gestión, proceder a la “fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología” (Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, artículo 1). El proceso dio inicio con la realización de un inventario general sobre las actividades de ciencia y tecnología en el país, prosiguió con la formulación de un conjunto de “programas indicativos” relacionados con problemáticas de la realidad nacional que se consideraba importante atender mediante dichas actividades, y culminó con concertación de un programa general para su desarrollo: el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, dado a conocer al final del periodo gubernamental del presidente Echeverría.

La selección de los programas nacionales indicativos obedecía a un doble propósito. Por un lado, según Gerardo Bueno, al de relacionar la política nacional en la materia con el Plan de Acción Mundial para el Desarrollo Científico y Tecnológico de las Naciones Unidas, aprobado en 1971. Por otro lado, fomentar la contribución de la investigación científica a los proyectos de desarrollo económico y social del régimen en turno (véase: Gerardo Bueno, “Un organismo con visión a futuro”, Ciencia y Desarrollo, abril de 2011). Los programas indicativos formulados en el periodo fueron: ciencias básicas; alimentación; aprovechamiento de los recursos minerales; aprovechamiento de los recursos marinos; meteorología; ecología; investigación demográfica; salud; ciencias y técnicas de la educación; y agropecuario y forestal. En su diseño participaron comisiones integradas por académicos y especialistas, así como representantes del sector gubernamental en las áreas de competencia relacionadas con esos temas.

En 1974, en el marco de la reunión anual de su junta directiva, el Conacyt recibió el encargo presidencial de establecer un plan nacional de ciencia y tecnología. Para su elaboración, el organismo convocó a más de trescientos científicos, tecnólogos y usuarios de los sectores público y privado. El Conacyt cumplió el mandato presidencial mediante un proceso por etapas, el cual contó con una amplia participación del sector académico, así como con la colaboración de la Anuies y de la Academia de la Investigación Científica.

Entre junio y diciembre de 1973 se elaboraron las Bases para la formulación de una política científica y tecnológica en México; de julio de 1974 a septiembre de 1975, los Lineamientos de política científica y tecnológica para México (1976-1982); entre octubre de 1975 y junio de 1976, la Política nacional de ciencia y tecnología: estrategia, lineamientos y metas; por último, de julio a octubre de 1976 fue redactado el documento final del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología. Por parte del Conacyt, la tarea de coordinación de las comisiones y grupos de trabajo correspondió a la dirección adjunta de planeación y programación, a cargo de Miguel S. Wionczek y la dirección de planeación encabezada por Julio Boltvinik (sobre el contenido de este cuerpo documental, véase: Miguel S. Winczek, “¿Es viable una política de ciencia y tecnología en México?”, Foro Internacional, XXI-1, 1980),

El Plan Nacional Indicativo consiste en un documento extenso (380 páginas) y en este se abordan aspectos de diagnóstico generales y particulares acerca de la condición de la ciencia y la tecnología en México, así como una detallada propuesta para desarrollar una política pública que posibilite la coordinación y gobernanza de los agentes involucrados en esas tareas; se cuente con recursos crecientes y suficientes; se expliciten objetivos y metas cuantificables, así como con una base legal operativa.

La narrativa que justifica la propuesta de dicho plan enfatiza la necesidad de emprender esa política para lograr autosuficiencia alimentaria; aprovechamiento de los recursos naturales; independencia tecnológica; ciencia básica y aplicada para la solución de los principales retos nacionales. Sin duda es interesante, para el lector contemporáneo, advertir los múltiples puntos de contacto entre aquel diagnóstico y el que permea la actual política sectorial en la materia. Con dos excepciones relevantes: en el plan de 1976 se advertía con toda claridad la importancia de la inversión pública para el logro de los propósitos y también la necesidad de construir la política pública con el acompañamiento del sector académico y del sector privado.

En materia de financiamiento, el Plan proponía duplicar la proporción del gasto total en investigación y desarrollo del 0.3 por ciento del PIB (en 1976) al 0.6 por ciento del PIB (en 1982), lo que se conseguiría con la triplicación del gasto público y privado invertido en el sector. También se recomienda triplicar el número de académicos de tiempo completo dedicados a la investigación para pasar de 4,378 (1976) a 12,678 (1982).

Para la gobernanza del sistema, se encuentra en el Plan la recomendación de establecer los siguientes órganos de planificación y coordinación: la Comisión Nacional de Planificación Científica y Tecnológica; la Comisión Interinstitucional de Ciencia y Tecnología; los Comités Asesores de Programas Sectoriales, y el Comité Multisectorial. El primero de estos órganos estaría integrado por representantes del sector gubernamental; representantes del sector académico institucional; por el Conacyt y por usuarios. Su función principal sería la de conciliar los elementos de la política pública y orientar su desarrollo a través de planes y programas. Al respecto, el documento incluye un “Proyecto de acuerdo presidencial para la creación de la Comisión Nacional de Planificación Científica y Tecnológica”, que detalla la composición, atribuciones y forma de operación de la misma.

Sobre el Plan en general y acerca de las propuestas que contiene, Víctor Urquidi comentó más adelante: “Como es bien sabido, el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología de 1976 cayó en el vado, por haber sido presentado ya muy tarde en el sexenio; no obstante el gran esfuerzo que representó su formulación, no fue tomado en cuenta en la presente administración. No fue sino hasta fines de 1978 cuando el Conacyt retomó, en parte, la idea” (Víctor Urquidi, “Planeación de la Ciencia y la Tecnología”, Comercio Exterior, 30-11, 1980).