Roberto Rodríguez Gómez

El umbral del siglo XXI fue un momento de altas expectativas de cambio. La región europea se encontraba en el proceso de implementación de las instituciones, normas e instrumentos acordados en el Tratado de Maastricht (1992) para la configuración de la Unión Europea en sus aspectos económico, político y social. En marzo del 2000 el Consejo Europeo, reunido en Lisboa, aprobó la estrategia denominada “hacia la Europa de la innovación y el conocimiento”, en que la tesis fundamental se enfocaba a buscar la competitividad de las economías europeas, en el marco de la globalización y la integración de bloques regionales, a través del desarrollo de una “knowledge based economy”, en que la ventaja comparativa estaría sustentada en la investigación científica aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación.

En ese contexto, tomarían carta de naturalización formulaciones tales como “sociedad del conocimiento” y “alianzas de triple hélice”, en ambos casos incitando a la cooperación estratégica entre la academia, las agencias gubernamentales y el sector productivo. Surgirían también las primeras configuraciones para promover la colaboración y el trabajo conjunto de los sistemas de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación en el ámbito regional. Entre ellas destaca el lanzamiento del Espacio Europeo de la Educación Superior (1999) y la Red del Espacio Europeo de Investigación (2002).

En la misma coyuntura, tuvo lugar la primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, convocada por Unesco y celebrada en París en octubre de 1998. El documento conclusivo, la “Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción”, abría una agenda de propósitos centrada en las nociones de clave de pertinencia, calidad e internacionalización para una efectiva transformación de los sistemas de educación superior. Están ahí, además, objetivos tales como articular productivamente las funciones de formación, investigación y extensión universitaria; propiciar una mejor aproximación entre los sistemas de educación superior, las necesidades sociales y las condiciones del sector laboral de las profesiones; impulsar la autonomía como la fórmula más adecuada para la gestión de las instituciones de ese nivel de estudios; favorecer la inclusión social y la interculturalidad; atender prioritariamente a las poblaciones en desventaja a través de ampliación del acceso y la diversificación de la oferta; fortalecer la participación y al acceso de las mujeres; reforzar la pertinencia social de los programas educativos; promover la innovación curricular y reforzar la evaluación de la calidad académica, entre otros.

En nuestro contexto, la Anuies había preparado y publicó, en 1999, el documento “La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo” que incluía un amplio balance de la situación en que se encontraba el sistema de educación superior del país, así como una visión hacia el 2020. Ese material fue preparado para entregar a los contendientes en la elección presidencial del año 2000, en que los principales contendientes eran Vicente Fox Quesada (PAN), Francisco Labastida Ochoa (PRI) y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (PRD).

La visión propuesta por Anuies sostenía, entre otros aspectos, la importancia de alcanzar un sistema de educación superior “de mayores dimensiones y cobertura, diversificado, integrado y de alta calidad”, en el que “las instituciones de educación superior desarrollan sus actividades de docencia, según el perfil y la misión de cada una y utilizan modelos innovadores de aprendizaje y enseñanza que les permiten alcanzar altos grados de calidad académica y pertinencia social”, en el cual “las IES cuya misión incluye la realización de actividades de generación y aplicación del conocimiento las cumplen con gran calidad y pertinencia para el desarrollo del país y los campos científicos”.

En el ámbito del sistema de ciencia y tecnología se aprobó en 1999 la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, que incluía la creación de un nuevo Foro Permanente de Ciencia y Tecnología propuesto como espacio para la deliberación conjunta de las políticas e instrumentos para orientar la decisiones de política pública en la materia; dicho foro convocaría a autoridades gubernamentales y del sector académico, así como a representantes de la iniciativa privada.

La victoria del PAN en la elección federal del 2000, con Fox a la cabeza, los trabajos de preparación del plan de gobierno en el periodo de transición previo al inicio del sexenio, así como la integración de un gabinete presidencial, abrieron un espacio propicio para la deliberación y acuerdo sobre las líneas de política de educación superior, ciencia y tecnología a desarrollar en el gobierno entrante.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, dado a conocer en mayo de 2001, el impulso a las actividades de ciencia, tecnología e innovación se describe como un eje transversal colocado en diversos componentes de la política económica (mejorar la competitividad), educativa (incrementar la calidad educativa y preparar generaciones de científicos y tecnólogos capacitados), ambiental (cuidado del medio natural), social (contribuir al bienestar), cultural (fomentar una cultura científica mediante la divulgación) y de salud (desarrollar conocimientos científico y tecnológicos para mejorar la atención a la salud), entre otros aspectos.

Con el mismo espíritu (transversalización de la política científica y tecnológica), el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (septiembre de 2001), declara que el capítulo correspondiente a educación superior fue realizado “conjuntamente con la elaboración del plan de ciencia y tecnología con el propósito de articular las políticas y líneas de acción de ambos programas, y así impulsar coordinadamente el desarrollo de la educación superior y de la ciencia y la tecnología en el país”. Se indica, como la estrategia de articulación: “Potenciar la capacidad de las IES para la generación y aplicación del conocimiento en áreas estratégicas, y para el desarrollo de programas de investigación que procuren cubrir necesidades estatales, regionales y nacionales, mediante la conformación de redes de cooperación de cuerpos académicos de las IES y centros de investigación”, así como “promover la operación de posgrados interinstitucionales en áreas de interés regional y en áreas estratégicas del conocimiento que consideren esquemas que propicien efectos multiplicadores en la formación de científicos, humanistas, tecnólogos y especialistas”

Todavía al arranque el primer sexenio del PAN en el gobierno ocurrirían dos hechos importantes: la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología, en junio de 2002, y la publicación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, en diciembre del mismo año. De ambos instrumentos se habrían de derivar importantes transformaciones en el sistema. Las comentaremos en el próximo episodio.